AP / Ciudad de México
El gobierno de México denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a un juez que absolvió a más de un centenar de implicados en el caso de la desaparición de 43 estudiantes ocurrida hace ocho años en Guerrero.
Así lo anunció la Secretaría de Gobernación en un comunicado en el que indicó que el viernes se presentó una denuncia contra el juez de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por la “probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”.
En el comunicado se acusa a Ventura Ramos de haber dictado “más de 120 libertades absolutorias” de personas procesadas por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que ocurrieron entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero.
Esta semana, el juez dictó una sentencia absolutoria a favor 24 detenidos, que no salieron en libertad debido a que enfrentan cargos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, refiere el comunicado.
Ventura Ramos también absolvió este mes a quien era el alcalde de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, José Luis Abarca, y de otras 19 personas implicadas en el caso, que quedaron detenidas debido a que enfrentaban otros proceso.
De acuerdo con la notificación judicial a la que tuvo acceso The Associated Press, un total de 20 personas, entre ellas Abarca y el jefe de la policía de Iguala para ese momento, Felipe Flores, fueron absueltas del delito de “secuestro agravado… al no haberse acreditado los elementos de los delitos enunciados”.
La acción contra Ventura Ramos se dio horas después que el subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, dijo en una conferencia de prensa que se iniciarían quejas y probables denuncias contra jueces por el “actuar indebido”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y la organización civil Servicios y Asesorías para la paz (SERAPAZ), exhortaron recientemente a la Fiscalía General a apelar la absolución de Abarca y recordaron que esa sentencia se deriva de una “mala actuación” de la Procuraduría General de ese entonces y de una acusación que se presentó en 2014 que tenía “numerosas irregularidades, incluyendo la práctica extensiva de la tortura” lo que llevó a la exclusión de múltiples pruebas.
El proceso del caso Ayotzinapa tuvo un giro el mes pasado luego que la Comisión de la Verdad difundió un nuevo informe que consideró el caso como un “crimen de Estado” tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno, incluyendo elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Poco después de la presentación del informe la Fiscalía General anunció que había emitido 83 órdenes de captura contra los involucrados en el caso, y fue detenido el ex procurador general Jesús Murillo Karam. El gobierno informó la semana pasada que fueron apresados tres militares, entre ellos el general retirado José Rodríguez Pérez, quien fue el comandante del 27 Batallón de Infantería.