Redacción / Ciudad de México
Un juez ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que deberá crear y poner en funcionamiento máximo en 40 días hábiles el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), herramienta fundamental para la unificación, sistematización y el cotejo continuo de la información forense, incluida la genética, de los más de 52,000 cuerpos sin identificar en el país.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó que el juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con sede en Zacatecas, emitió la sentencia del amparo promovido por una de las familiares de personas desaparecidas.
Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio Montoya Juárez, desaparecido en Guanajuato, acompañada por el Centro Prodh, presentó la demanda de amparo el 30 de agosto de 2021.
El magistrado emitió una sentencia en la que otorga un amparo judicial solicitado por una de las familiares de personas desaparecidas, detalla el informe de los defensores de víctimas de abusos de autoridades.
“La FGR ha sido omisa en la creación de esta herramienta, pese a que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, lo ordena desde 2017”, dice la institución jesuita en un comunicado.
Campaña por identificación Por medio de la campaña “Identificación Ya”, las familias de personas desaparecidas hacen un llamado a las autoridades de la Fiscalía para que cumplan la sentencia que les otorga el amparo judicial y garanticen sus “derechos de búsqueda, verdad y acceso a la justicia”.
Las acciones exigidas por el magistrado federal incluyen la “obtención de recursos económicos, la creación formal de las herramientas tecnológicas, la coordinación en grupos de trabajo de personas expertas en diferentes disciplinas”, o crear lineamientos y reglas para su funcionamiento.
Los abogados que acompañan a las familias de las personas desaparecidas denuncian que la FGR “ha incumplido su obligación de crear y poner en operación esta herramienta de identificación”.
Desde 2017, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, promovida por las familias de personas desaparecidas, estipula que operar el banco de datos forenses es una obligación de la Fiscalía.
En el fallo indica que “no es ajeno al profundo dolor que provoca la desaparición” y reconoce la forma en la que “las familias se ven obligadas a realizar una búsqueda por sí mismas y la existencia de obstáculos institucionales durante estos procesos”.
La decisión del magistrado toma en cuenta las recomendaciones y resoluciones provenientes de organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos del organismo mundial.
El 27 noviembre del año pasado, el CED planteó al gobierno de México los retos en la protección de los derechos humanos por las más de 94.000 personas desaparecidas, al final de su primera visita de dos semanas a México.
La cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas muestran que una de cada tres personas desaparecidas se han registrado en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al contabilizarse 31.533 casos de desaparición desde diciembre de 2018, cuando comenzó la actual administración.
(Con información de Sputnik)