Redacción / Guanajuato, Gto.
En Guanajuato nos caracterizamos por hacer esfuerzos legislativos ambiciosos para modernizar las normas locales y materializar de manera gradual el respeto a los derechos humanos, especialmente los que corresponden a los llamados grupos vulnerables, afirmó la diputada Susana Bermúdez.
Lo anterior al presentar, a nombre del GPPAN, una iniciativa de reforma a las siguientes leyes: de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato; del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado y Municipios de Guanajuato; de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato; para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato; para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato; Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato; y de Víctimas del Estado de Guanajuato.
Al hacer uso de la voz, la legisladora señaló que la iniciativa busca atender las resoluciones emitidas a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de disposiciones contenidas en diversas leyes, ya que contienen redacciones sobreinclusivas y discriminatorias en los requisitos que deben cubrir las personas para acceder a ciertos espacios y cargos públicos.
Precisó que en atención al compromiso que tiene Acción Nacional con el bien superior de la niñez y la adolescencia, la propuesta plantea que para acceder a los distintos cargos de dirección que refiere la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Guanajuato, no se deberá tener el antecedente de haber sido condenado por delitos que guarden una relación directa con la seguridad de las niñas, niños y adolescentes guanajuatenses.
Dichos delitos son los siguientes: contra la libertad sexual, incesto, tráfico de menores, violencia familiar, sustracción, retención u ocultamiento de menores o incapaces y corrupción de menores e incapaces.
De igual forma, mencionó que, en la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, se propone que quien acceda a los puestos de dirección no deberá tener antecedentes de haber sido condenados por delitos dolosos relacionados con la libertad de las personas, como el secuestro, acecho y trata de personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.