Redacción / Ciudad de México
Argumentando vicios graves en el proceso legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en su totalidad la primera reforma electoral del llamado “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con nueve votos a favor, los ministros de la Corte avalaron el proyecto que proponía la invalidez de la primera reforma electoral propuesta por el actual Gobierno de México. De acuerdo con lo votado este 8 de mayo por el pleno del recinto de justicia, el proceso deliberativo se vio afectado por “vicios graves”.
Así, la Corte declaró la invalidez del decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cambios que constituyen el primer paquete de reformas en materia electoral recién aprobado por el Congreso de la Unión, que forma parte del llamado “Plan B”.
“Se declara la invalidez de la totalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós”, cita la sentencia aprobada.
El máximo tribunal consideró que el Legislativo incurrió en violaciones al debido proceso al aprobar en menos de 24 horas los cambios a las leyes sin que los diputados de oposición conocieran previamente las iniciativas. Para los ministros, esto vulneró el principio de equidad en la deliberación parlamentaria.
Entre quienes votaron contra la reforma estuvo la presidenta de la Corte, Norma Piña, quien sostuvo que las iniciativas legislativas se emitieron sin que todas las fuerzas políticas tuvieran tiempo para analizarlas.
Otro de los que apoyó la invalidación de la reforma fue el ministro Arturo Zaldívar, expresidente del máximo tribunal, quien afirmó que se debe velar porque todos los grupos en un parlamento puedan debatir “en condiciones de igualdad y libertad”, y agregó que “en este caso no sucedió”. La posición de Zaldívar llamó la atención, porque el mes pasado votó a favor de una propuesta gubernamental para que la Guardia Nacional siguiera bajo control del Ejército y fue criticado por una supuesta cercanía con el Ejecutivo.
Los argumentos planteados por los nueve ministros hacen prever que la segunda parte de la reforma electoral, que también fue impugnada por la oposición y el Instituto Nacional Electoral (INE) —y aún está pendiente de discusión en la Corte—, podría correr con la misma suerte y ser anulada.
Un día antes de la sesión, la Consejería Jurídica de la Presidencia exhortó en un comunicado a los ministros a actuar con responsabilidad y afirmó que, de invalidarse parte de la reforma, estarían sustituyendo la facultad del Congreso de elaborar leyes y “violarían la división de poderes”, pronunciamiento que fue considerado por analistas como una acción de presión hacia la Corte.
En las últimas semanas las relaciones entre el gobierno y la Suprema Corte se han tensado luego de que los ministros invalidaron en abril una reforma que transfería al Ejército el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, lo que representó un duro revés para López Obrador, quien ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que controlan vastas regiones del país.
A fines del año pasado, López Obrador promovió la reforma de seis leyes para hacer ajustes en materia electoral, en un movimiento conocido como el “Plan B”, luego de que no logró los votos suficientes en el Congreso para modificar la Constitución en temas electorales.
Dos de las seis leyes se aprobaron en diciembre y las cuatro restantes, que redujeron la estructura del INE y le restaron facultades de supervisión y sanción a los partidos, se aprobaron dos meses después y están pendientes de evaluación por parte de la Corte.
El INE y los partidos opositores presentaron acciones contra el paquete de leyes en la Suprema Corte alegando que los cambios violaron la constitución, mermaron la autonomía de la institución, desequilibraron el modelo de comunicación social y perjudicaron la equidad en la contienda electoral.
(Con información de AP)
