Redacción / Guanajuato, Gto.
Con el objetivo de eficientar y garantizar los tiempos de resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, se aprobó la propuesta del GPPAN por la que se crea una nueva Sala y se instaura un procedimiento de conciliación que vengan a desahogar la carga de trabajo de dicha institución.
En su participación para hablar a favor del dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la diputada Susana Bermúdez y la presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Cristina Márquez, resaltaron que las modificaciones que se plantean a Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, pretenden disminuir el rezago en el dictado de sentencias que pueda presentar el Tribunal, ante el aumento considerable de asuntos que son sometidos a su conocimiento.
“En Acción Nacional estamos comprometidos con el derecho al acceso a la justicia. En nuestro sistema jurídico está considerado como un derecho fundamental, ya que constituye la vía para reclamar su cumplimento ante los tribunales y garantizar la igualdad ante la ley. La administración de justicia en su vertiente de impartición es un servicio público que el Estado está obligado a prestar, en beneficio de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, servicio que hoy, con su voto a favor, le abonará a una justicia de calidad, eficaz y eficiente”, puntualizó la irapuatense, Susana Bermúdez.
Dicha propuesta también plantea conceder al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, la competencia para llamar temporalmente a los Magistrados Supernumerarios para la resolución de los asuntos de su competencia, con la intención de garantizar puntualmente el derecho de los justiciables a que se les administre justicia en los plazos establecidos.
Además, incluye la creación de una unidad de conciliación.
Por su parte, se reforma el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con el fin de instrumentar un procedimiento para la celebración de convenios conciliatorios que pongan fin al proceso administrativo.
El objetivo es el arreglo armonioso de los intereses de las partes en conflicto cuando el asunto planteado tenga cualidades aptas para la conciliación en tanto que no contravengan las disposiciones legales que regulan el acto o resolución impugnada.
“Definitivamente, con el dictamen puesto a nuestra consideración se rompen paradigmas en la manera de resolver un litigio en la vía administrativa, a través de un instrumento que tendrá el carácter de cosa juzgada; instrumento valioso que no solo beneficia a las partes involucradas directamente, sino que fortalece el tejido mismo de nuestra administración de justicia”, concluyó la legisladora, Cristina Márquez.
