Cuando se tiene cierta moral de combate, de poder, hace falta poco para dejarse llevar, para pasar a la embriaguez del exceso.
Marguerite Duras
Ricardo Yépez
La crisis sanitaria que tiene sumido al mundo entero ya ha presenciado casos de abusos de autoridad en todo el globo y hasta ahora no se tenía un motivo para empezar a discriminar al pueblo de manera oficial, sin embargo el pase sanitario, el certificado de vacunación (o como sea que se llame en diferentes latitudes), inicia una nueva fase de la pandemia en la que los gobiernos de todo el mundo podrán empezar a intensificar los abusos de poder que ya se han presentado.
Ya la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido que los poderes de emergencia que se han concedido los gobiernos no deben aplicarse para “aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder”; pues aunque algunos derechos humanos han sido restringidos con el objetivo de buscar proteger la salud de la población general, ya ha habido numerosas quejas sobre indebida aplicación de las normas, llegando a casos de muerte por disparo o por negar los servicios de salud.
Discriminación socioeconómica anterior a la vacunación
En México tal vez no tenemos aún estudios serios sobre los abusos de autoridad e impunidad que las fuerzas del orden público han efectuado, pero una revisión a las hemerotecas virtuales de los diferentes diarios sería suficiente para enterarnos que los administradores públicos ordenan una ley para el pueblo y se gobiernan a sí mismos por su propios caprichos.
La Revista de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno ha publicado un estudio en el que el analisis de varios casos de abusos de autoridad arrojó las siguientes conclusiones: la mayoría de los detenidos con exceso de fuerza eran de los extractos socioeconómicos más bajos, los oficiales sobrepasaron los protocolos establecidos, los detenidos desconocían los límites formales de las fuerzas que los detenían, la aplicación de la ley se da bajo un empirismo tanto normativo como operativo.
En esta parte de nuestra región 4, basta recordar que durante la misma temporada el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, organizaba una parranda con su bancada en la capital del estado con una afluencia que superaba varias veces el máximo permitido y el alcalde de dicha ciudad, Alejandro Navarro, cerraba “bardas” (salones de fiesta para las clases populares) por toda la mancha urbana.
Un caso más de evidencia sobre cómo los pobres siempre son las víctimas de la fuerza policial mientras a los ricos se les tienden de panza para que pasen, fue la detención arbitraria de cientos de personas en la ciudad de Irapuato, ordenada por su alcalde Ricardo Ortiz, en operativos que fueron todos llevados a cabo en las zonas humildes de la localidad y ninguno en una zona residencial o comercial con concurrencia más exclusiva de las personas privilegiadas economicamente de la urbe.
Aplicar el “yo no fui”
En cada caso donde la fuerza bruta termina por violentar los derechos de los ciudadanos, los administradores públicos primero ordenan y después terminan lavándose las manos; sin embargo, desde sus discursitos de podio (que les mama dar) se evidencia el maquiavelismo de la orden detrás del puño.
La plataforma Derecho para Innovar recupera un artículo de la argentina Augusta Manguione quien se ha precupado recuperar varias muestras de discursos públicos en donde se ha tratado de poner una emergencia sanitaria en terminos de guerra y para la cual se supondría entonces, siguiendo la metafora, acabar con los contagios a hierro y plomo. Dado que a los virus no se les puede matar, a quienes alientan a disparar como enemigo público no es a los estornudos sino a la población a quien el portador del arma identifique como potencial amenaza.
La analista recoge, por ejemplo, esta frase de Emmanuel Macron: “el país estaba en guerra con un enemigo invisible y escurridizo, y que las medidas no tenían precedentes, pero que las circunstancias lo exigían”.
Así es cómo, desde el podio, al enfermo o al negligente lo convierten sus representantes de paciente o ciudadano en amenaza a nivel de seguridad nacional.
En la práctica, las cosas han llegado a muerte de ciudadanos cuyo única falta fue la ansiedad y la desesperación de una situación desconocida.
Ante la alerta de violaciones en todo el mundo, Amnistía Internacional debió señalar que “las operaciones policiales relacionadas con la pandemia han sido causa de muertes y lesiones en muchos países, especialmente en el contexto de las medidas aplicadas por la Policía para hacer respetar los toques de queda y los confinamientos”.
Alerta al que respire
Si quieres evitar terminar “como coladera” por los oficiales que te deberían proteger, será mejor que te vacunes aunque tengas razones o conspiraciones para no hacerlo. Es mejor que tu familia entierre tus cenizas a que en una de esas te desaparezcan o te criminalice tu representante.
Si deseas saber más sobre las recomendaciones de la Comisión de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puedes ir a aquí.
Quieres enterarte del análisis legal del caso de Perú, visita este sitio.
Si deseas leer más sobre el comunicado de Amnistía Internacional, ve a este portal
Puedes escribir a este correo tus argumentos: ricardoyepezvidal132@gmail.com.
Ricardo Yépez, diletante de las letras, disidente de la academia, apasionado defensor del habla y editor relajado. Participante ocasional de laboratorios literarios y brinda talleres de escritura literaria e íntima en escuelas de nivel medio superior.
