Martín Durán / Guanajuato
Sin mayores contratiempos, en una mesa de trabajo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) y la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática participaron en la recepción del informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).
Te Recomendamos: Pese al aumento, Claudia Sheinbaum defiende apoyo a la gasolina
En este acto, la vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, la diputada Ana María Esquivel Arrona, destacó la labor de la Prodheg en la protección de las garantías de las y los guanajuatenses, y aseguró que revisarán el documento para continuar fortaleciendo el trabajo institucional.
“Se ha dado impulso a la procuración de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres con un trabajo realmente importante de prevención y capacitación”, comentó Ana María Esquivel.
De igual manera, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, titular de la Procuraduría, destacó la importancia de este informe anual como un ejercicio de transparencia que, además, refleja el trabajo y los esfuerzos coordinados entre los diferentes niveles de Gobierno.

«La institución registró un incremento en su capacidad operativa y de resolución durante 2025. Dicho periodo se consolidó como el de mayor número de resoluciones emitidas desde su creación, lo que, aseguró, es muestra de la confianza ciudadana en la institución», comentó Karla Gabriela Alcaraz Olvera.
Ahí mismo, se informó que en tan solo en el año que se informa, se logró la capacitación de 944 personas servidoras públicas en atención a víctimas de violencia de género, protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y vigilancia de las condiciones en estancias de personas privadas de la libertad.
Para finalizar, la titular de la PRODHEG compartió que la ampliación de la cobertura institucional y la cercanía con la población, tanto en zonas urbanas como rurales, así como a través de medios digitales. Estas herramientas han permitido agilizar el contacto directo con la ciudadanía y reducir los tiempos de respuesta ante posibles vulneraciones de derechos.


