Agencias / Ciudad de México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó este martes a la Fiscalía General de la República reabrir la investigación del asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, ocurrido en Baja California en 1994, al determinar que el responsable del hecho fue sometido a torturas y que hubo irregularidades en su proceso.
“Esta nueva investigación o la reapertura de la anterior, tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas, y que el Estado responda por sus actos”, se lee en un comunicado de prensa difundido este martes por la CNDH.
El 23 de marzo de 1994, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió dos disparos de arma de fuego durante una concentración pública en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana. Colosio fallecería en un hospital como consecuencia de esas heridas, mientras que las autoridades detendrían a Mario Aburto, señalado como autor material del homicidio en un proceso penal que estuvo plagado de irregularidades.
A 27 años y siete meses de esos hechos, la Comisión Nacional inició una indagatoria y determinó que tras el magnicidio, Aburto sufrió “actos de tortura” por parte de elementos de la entonces Policía Judicial Federal —hoy Fiscalía General— y de agentes del Ministerio Público Federal que lo detuvieron y trasladaron al Centro de Readaptación Social (Cefereso) de ‘El Altiplano’, en Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde ingresó el 25 de marzo de 1994.
“Los médicos que intervinieron en los hechos actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos”, señaló la CNDH.
En el marco del caso Aburto, el organismo afirmó, a modo de autocrítica, que “tuvo posibilidad de actuar para proteger los derechos humanos de la víctima y sus familiares e incluso, garantizar una investigación y un proceso justo y apegado a Derecho, lo cual no ocurrió”.
De acuerdo con la indagatoria de la CNDH, antiguos funcionarios del organismo habrían realizado una entrevista a Mario Aburto sin su autorización. Además, esa conversación no fue registrada “en ningún expediente de queja de aquellos años”.
El organismo recomendó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y al comisionado de Prevención y Readaptación Social reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos previstos por la ley, inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica, además de colaborar en el trámite y seguimiento de su queja.
El organismo anunció que enviará las recomendaciones del caso a la Cámara de Diputados para que sean incluidas en la investigación que realiza la Comisión de la Verdad, que fue creada para esclarecer los hechos.
La CNDH acreditó que en estos 27 años, las autoridades han mantenido a Aburto en prisiones alejadas de su familia, lo que “constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno”.
En este lapso de tiempo, Aburto ha sido trasladado a distintos centros penitenciarios. Ha permanecido privado de su libertad en cuatro entidades federativas: en Almoloya de Juárez (Estado de México); en Puente Grande (Jalisco); en Huimanguillo (Tabasco); y en Ocampo (Guanajuato).
Ante estas evidencias, la CNDH llamó a la Fiscalía General de la República a realizar una nueva indagatoria del caso que dio origen a la detención y sentencia de Mario Aburto, considerando “las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”.
Aburto fue apresado el 23 de marzo de 1994 en la ciudad de Tijuana, Baja California, después del ataque durante un acto político de Colosio, quien recibió dos disparos de arma de fuego, uno en la cabeza y otro en el abdomen, y murió horas después en un centro de salud.
Hace 27 años, el asesino confeso de Colosio interpuso una queja por actos de tortura reiterada y desde agosto de 1994 hay una investigación en la Fiscalía General sobre los hechos. En marzo pasado, Aburto presentó una nueva denuncia ante la CNDH.
(Con información de AP, CNDH, RT)
