Redacción / Guanajuato
Con la finalidad de dar voto y derecho a jóvenes y a personas con discapacidad, integrantes de la Comisión de Justicia, sesionaron y aprobaron las convocatorias para consultarles sobre diversas iniciativas de reforma.
En este encuentro, acudieron las y los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor (presidente), Susana Bermúdez Cano, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Karol Jared González Márquez y Rolando Fortino Alcántar Rojas.
Asimismo, acompañaron las legisladoras Plásida Calzada Velázquez, María Eugenia García Oliveros y Martha Edith Moreno Valencia, así como los congresistas David Martínez Mendizábal y Antonio Chaurand Sorzano.
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Para iniciar, la diputada Susana Bermúdez Cano comentó que durante esta legislatura han impulsado propuestas encaminadas a garantizar los derechos humanos de todas y todos los guanajuatenses siempre con la firme convicción de garantizar el derecho a la vida humana, sin el cual, dijo, todos los demás se desvanecen, que es la vida; sin él, subrayó, la libertad y la igualdad se vuelven meras palabras vacías.
“No caigamos en la trampa de dividir para moverla; la vida de la madre, la vida de la hija o hijo no son causas, son dos vidas que merecen el mismo respeto, la misma protección de nuestras leyes. Compañeras y compañeros legisladores no decidimos sobre un trámite ni una abstracción jurídica; decidimos sobre la dignidad humana. Desde el grupo parlamentario siempre defenderán la vida con la firmeza de quien sabe que está haciendo lo correcto, para decir al futuro que se eligió el camino de la compasión, de la protección y del amor hacia la vida humana por sobre cualquier otra consideración», afirmó.
Ahí mismo, añadió un quinto punto para la declaratoria de caducidad de plazo de cuatro iniciativas y tres puntos de acuerdo. La primera para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de normar y aprobar una política de inclusión laboral para personas transgénero, travestis, transexuales y no binarias al servicio público del estado; la segunda, proponía cambios al Código Penal con la finalidad de calificar como delito el desmonte, derribo o tala de árboles y la destrucción de la vegetación, siempre y cuando se realicen en zonas urbanas o en zonas de jurisdicción estatal o municipal.
La tercera y la cuarta planteaban cambios al Código Civil para incorporar un capítulo sobre responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos y eliminar la caducidad en las actas de nacimiento. En cuanto a los puntos de acuerdo que solicitaban destituir al secretario de Salud, garantizar la participación e información a colectivos de búsqueda y que se investigaran presuntas faltas administrativas de funcionarios de la Fiscalía General.
De igual manera, la congresista Karol Jared González Márquez externó que su decisión no iba a cambiar, sin importar las veces que se presentara el tema. Comentó que las veces que se pretenda eliminar de las leyes la protección de la vida defenderá su posición con la misma congruencia y con la misma determinación.
“Para nosotros esto no es un asunto de coyuntura política; es una convicción y es una de las causas que representamos. También hay algo que debemos dejar muy claro, existe un procedimiento ante la Suprema Corte, pero la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente todavía debe ser resuelta por la propia corte y, por eso, nosotros no vamos a adelantarnos a esa decisión”, enfatizó.
Al hacer uso de la palabra, el congresista Rolando Fortino Alcántar Rojas reiteró la convicción profunda de la defensa de la vida, la cual, dijo, está perfectamente sustentada en la Constitución Política local.
Apuntó que el Congreso del Estado debe de ser respetuoso del Poder Judicial de la Federación y observar la fuerza vinculante de sus criterios obligatorios, es decir, la jurisprudencia de la que estaban hablando, la Suprema Corte obliga a las autoridades jurisdiccionales que no están dentro de ese supuesto.
Indicó que el procedimiento de declaratoria general 16/2025 no ha concluido con una declaratoria emitida y no impone al Congreso un mandato de hacer, solo prevén la notificación a la autoridad emisora y vencido el plazo y que el pleno de la Suprema Corte decida si la emite, aun cuando sea emitida, sus alcances y condiciones están establecidas, no sustituyen la función legislativa ni fijan al Congreso el sentido de la reforma materia de su libertad de configuración legislativa.
Ante ello, la legisladora María Eugenia García Oliveros Venía calificó como vergonzoso que el Congreso del Estado no acate en tiempo y forma la responsabilidad que tiene para la urgente despenalización del aborto en la entidad.
Precisó que era claro que por más mesas de trabajo y discusiones que tengan sobre el fondo de la despenalización del aborto, difícilmente las y los representantes del conservadurismo en el Congreso iban a cambiar de opinión sobre su proyecto antiderechos, y remarcó que esa postura era insostenible, que pretendían desde el discurso decir que son partidarios de derechos humanos cuando por años los han rechazado.
En su intervención, la legisladora Martha Edith Moreno Valencia manifestó que la discusión era una cuestión de procesos legislativos y que el proceso ha sido una excusa con la que por décadas los derechos humanos de las mujeres no se han discutido, porque no se estaba abordando una redacción concreta que vendría en el dictamen, sino que se discutía si se haría uno para garantizar los derechos humanos de las mujeres o uno para seguir intentando retrasar lo inevitable.
En su oportunidad, la congresista Plásida Calzada Velázquez expresó que, como mujer de origen rural e indígena, sabía exactamente lo que significa que el Estado llegue tarde o que definitivamente nunca llegue. Resaltó que hoy podían afirmar que criminalizar no salva vidas, sino que solamente intensifica las desigualdades y las hace más dolorosas.
«La justicia no puede depender del lugar donde cada uno vive y que ninguna mujer debería ir a la cárcel por tomar una decisión sobre su vida. Indicó que hoy existe un mandato directo de la Suprema Corte para dejar de criminalizar a las mujeres que deciden sobre su cuerpo, pero que tenían algo más importante: una responsabilidad con las mujeres y sus derechos que hace muchos años debieron haber escuchado y garantizado», comentó.
En una segunda intervención, la legisladora Susana Bermúdez Cano resaltó que hablar de la
En su turno su parte, el congresista Antonio Chaurand Sorzano remarcó que criminalizar no salva vidas solo aumenta las desigualdades sociales y que estaba demostrado que despenalizar el aborto no aumenta la incidencia de abortos. Apuntó que no estaban a favor de promover los abortos sino que su postura es no criminalizar a la mujer que tomó esa decisión por sus circunstancias propias de vida.
El diputado David Martínez Mendizábal externó que le preocupaba que se juró cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que no se estaba haciendo con una serie de pretextos. Precisó que la Suprema Corte de Justicia ya resolvió y lo que faltaba era publicar el Decreto de la declaratoria de inconstitucionalidad. Añadió que lo que se estaba discutiendo eran dos posturas ideológicas, filosóficas y morales distintas.
Finalmente, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor, presidente de la Comisión, argumentó que hablar de que van a bajarlo una y otra vez el punto, las veces que sea necesario, dejaba clara la postura de sus homólogos.
Manifestó que todos los temas que llegan a esta instancia legislativa se deben discutir y era lo que se buscaba hacer, pero que bajar el punto del orden del día era una muestra de que no se quería discutir, analizar y avanzar en el tema de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
Ramos Sotomayor comentó que se trata de que las mujeres no sean criminalizadas por decidir sobre su propio cuerpo.
“Que quede muy claro también, compañeras y compañeros, que nuestra obligación como diputados es legislar para garantizar precisamente esos derechos de las guanajuatenses, para las jóvenes que enfrentan el miedo a la soledad, para las mujeres que merecen condiciones médicas seguras en una decisión que no tomaron la ligera y para un Guanajuato que no puede seguir siendo la excepción de ignorar la justicia, la ciencia y los derechos humanos; la empatía del Estado se demuestra garantizando salud pública, educación y libertad de decisión”, enfatizó.
Antes de finalizar, se aprobaron las convocatorias para los procesos de consulta correspondientes y se declaró la caducidad del plazo de cuatro iniciativas y tres puntos de acuerdo.
