Redacción / Guanajuato
Durante una mesa de trabajo en el Congreso del Estado, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal.
Lo anterior tiene como finalidad el fortalecer la seguridad pública y evitar que la delincuencia utilice uniformes, insignias, vehículos y otros aditamentos para suplantar a las instituciones de seguridad.
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Ahí, el diputado Alejandro Arias Ávila mencionó que se pretende incorporar un nuevo tipo penal denominado “Fabricación, comercialización y uso indebido de insignias, uniformes y vehículos”, a fin de sancionar con tres a doce años de prisión y de cien a quinientos días multa a quien, sin autorización, elabore, fabrique, confeccione, produzca, imprima, almacene, distribuya o comercialice placas, gafetes, distintivos, escudos, insignias, uniformes o cualquier otro aditamento que se asemeje a los utilizados por las instituciones de seguridad pública.
«Se propone sancionar a quienes utilicen este tipo de elementos sin tener derecho a ello, cuando sea con el propósito de cometer un acto ilícito, así como a quienes utilicen vehículos oficiales o unidades particulares con cromática, balizaje, colores o equipamiento semejante al de las instituciones de seguridad pública para cometer algún delito», destacó.
De igual manera, compartió que la delincuencia ha recurrido a la utilización de uniformes, insignias y vehículos clonados para instalar retenes falsos, cometer asaltos, extorsiones, secuestros y otros delitos, aprovechándose de la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones de seguridad.
«Aunque este tipo de conductas no representa actualmente un problema de gravedad alarmante en Guanajuato, la entidad no está exenta de que puedan incrementarse, particularmente ante la facilidad con la que estos artículos pueden adquirirse o comercializarse mediante redes sociales y otros medios», comentó.
Ante ello, el legislador destacó que el uso indebido de esos elementos puede generar una falsa impresión de autoridad y facilitar la comisión de delitos, además de afectar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Para finalizar, añadió que la propuesta también contempla un agravante cuando el responsable sea servidor público y cometa el delito en ejercicio de sus funciones, supuesto en el que la pena se incrementaría en una tercera parte tanto del mínimo como del máximo.
