Redacción / Guanajuato
En sesión del Congreso del Estado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) manifestaron su oposición a la reforma constitucional en materia de nacionalidad única para ejercer la titularidad de los poderes ejecutivos federal y estatales.
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Lo anterior al considerar que establece restricciones para las mexicanas y mexicanos con doble nacionalidad, por lo que las y los legisladores coincidieron en que la doble nacionalidad no debe convertirse en una barrera para la participación política y reiteraron su postura a favor de garantizar los derechos de las mexicanas y mexicanos que han construido una vida más allá de las fronteras.
En su participación, la diputada Yesenia Rojas advirtió que esta disposición representa un retroceso para quienes han construido una vida en el extranjero y consideró que México no debe reproducir restricciones como las que enfrentan las comunidades migrantes en distintos estados de Estados Unidos.
Asimismo, cuestionó que se utilice esta condición para limitar la participación en la vida pública, particularmente de quienes han mantenido su compromiso con el país a pesar de la distancia.
De igual manera, el diputado Roberto Carlos Terán destacó que la migración forma parte de la realidad cotidiana de numerosos municipios de Guanajuato, donde miles de familias han encontrado oportunidades fuera del país sin dejar de contribuir al desarrollo de sus comunidades.
«Adquirir otra nacionalidad no debería convertirse en un impedimento para ejercer derechos políticos ni en una razón para presumir falta de compromiso con México. Una segunda nacionalidad no significa una segunda lealtad política. Tener otro pasaporte no hace a una persona menos mexicana. Haber nacido fuera de nuestras fronteras tampoco disminuye el vínculo con este país”, destacó Roberto Carlos.


Ante ello, la diputada Luz Itzel Mendo señaló que la doble nacionalidad responde a una realidad social construida durante generaciones y que, para muchas familias, representa las oportunidades y responsabilidades adquiridas a ambos lados de la frontera.
“No deberíamos obligar a las y los migrantes a escoger jurídicamente entre las dos partes de su propia historia. Proteger la soberanía nacional y garantizar los derechos políticos de las personas migrantes no son objetivos contrapuestos, por lo que llamó a evitar disposiciones que condicionen su participación pública. Nadie, absolutamente nadie, debería tener que renunciar a una parte de quien es para demostrar que tiene derecho a servir al país al que pertenece”, comentó Luz Itzel.
Para finalizar, el diputado Juan Carlos Romero Hicks calificó la reforma como regresiva y realizó un recorrido por los logros obtenidos a lo largo de la historia por la comunidad migrante.
Asimismo, advirtió que la modificación atenta contra la certeza jurídica, la progresividad, la irretroactividad y el principio pro persona, fundamentales para la protección de los derechos humanos.



