Redacción / Guanajuato, Gto.
El diputado David Martínez Mendizábal, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó el martes un punto de acuerdo para exhortar al gobernador para que, de acuerdo con sus atribuciones y basado en un análisis, expida los acuerdos y disposiciones necesarios para garantizar el derecho al agua para todas y todos los guanajuatenses, dando un valor social, ambiental y cultural a este recurso natural básico como un bien público y como un derecho humano.
El congresista señaló que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos, por ello, el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico.
Asimismo, argumentó que, en México, a través de una reforma constitucional se elevó a ese rango el derecho humano al agua y saneamiento. El legislador también se refirió a las atribuciones de los municipios, consagradas en la Carta Magna, entre las que mencionó que las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales están a su cargo.
Martínez Mendizábal aseguró que en Guanajuato faltaba mucho para garantizar el derecho al agua para toda la población, pues el censo 2020 registraba que el 18.2% de los guanajuatenses no disponía de agua potable en sus viviendas, el 15.5% sólo tenía agua entubada en el patio o terreno, mientras que el 2.7% (166,507 personas) no contaba con agua potable en absoluto.
También se refirió a la situación de sequía que sucede cada año en más de la mitad de los municipios de la entidad y que agudizan, dijo, el problema del abasto y de la distribución del agua, que a su vez genera una sobreexplotación de los mantos acuíferos.
El congresista habló de la regulación que se ha hecho del servicio a través de organismos paramunicipales y de la problemática que se ha generado, en ocasiones, debido a los abusos en la explotación de pozos por parte de los llamados “piperos” y que hacen un negocio sin ningún control oficial adecuado al estar “vendiendo agua”. Además, mencionó la problemática en la distribución de agua entubada por las fugas continuas en la red y la falta de control en las mismas.
Finalmente, subrayó que la prestación de servicios de agua y saneamiento debe llevarse a cabo sin discriminación de ninguna clase, y otorgarse el servicio a todas las personas y grupos excluidos y en especial a aquéllos que se encuentran en situación de riesgo y condiciones de pobreza y pobreza extrema.
“Se tiene que garantizar que todas las personas disfruten de un nivel básico de acceso, antes de mejorar los niveles de servicio de quienes ya disfrutan de ese nivel de acceso”, concluyó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su estudio y dictamen.
