Redacción / Guanajuato, Gto.
La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández presentó un punto de acuerdo para exhortar al contralor municipal, Ernesto Fiscal Argüello, para que se resuelvan los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa derivados de la revisión de cuenta pública 2019 de San Miguel de Allende y, en su caso, promueva las sanciones correspondientes.
La congresista expresó que una de las principales atribuciones del Poder Legislativo está en el control económico y financiero, temas que se relacionan con la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos, mismos que tienen un vínculo con la lucha contra el uso ilegal de los bienes públicos para beneficio privado.
“Así mismo, una de las herramientas del Poder Legislativo para abonar en el combate a la corrupción es la actividad de fiscalización que, en el caso de este Congreso, es llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato”, dijo.
Alcaraz Hernández señaló que en la entidad existe un pacto de impunidad que se ha denunciado en múltiples ocasiones, el cual ha contribuido a generar un clima de corrupción que ha llegado a limitar la capacidad y efectividad en las intervenciones correctivas iniciadas por la Auditoría Superior del Estado.
“Ejemplo de esto es la revisión de la cuenta pública de San Miguel de Allende para el ejercicio fiscal de 2019. Durante esta auditoría se encontraron 4 observaciones no solventadas que dieron cuenta de los principios con los que operaba la administración: irresponsabilidad, simulación, hipocresía y corrupción”, enunció.
La diputada mencionó que la primera observación de la auditoría se relaciona con una diferencia entre los importes del presupuesto modificado reportado en la cuenta pública y los autorizados por el Ayuntamiento, mientras que las otras observaciones corresponden en un caso que se catalogó como la compra de semáforos fantasma.
“Siempre hemos sido críticos del actuar de la ASEG, por la escasa transparencia y limitado alcance de sus revisiones; sin embargo, no podemos tolerar que una de las pocas veces que la Auditoría Superior acredita un mal ejercicio de recursos públicos esto se quede estancado y nunca se avance hasta la imposición de las sanciones correspondientes”, comentó.
Finalmente, se dijo que era imprescindible que el Congreso se pronuncie al respecto y se dé el adecuado seguimiento al cierre del proceso de rendición de cuentas, que se traduce a la imposición de sanciones correspondientes.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su dictaminación.