Redacción / Guanajuato
Con el objetivo de analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, para incorporar el principio de igualdad sustantiva y la perspectiva de género en dicho ordenamiento, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales llevó a cabo una mesa de trabajo.
En este encuentro se contó con la participación de las diputadas Susana Bermúdez Cano y Plásida Calzada Velázquez; así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks y David Martínez Mendizábal.
De igual manera, acudieron personas representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo; Secretaría de las Mujeres; Secretaría de Derechos Humanos; personas asesoras de los diferentes grupos parlamentarios; y personal de las diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
En su discurso, la diputada Plásida Calzada Velázquez expresó que el mandato constitucional y los criterios jurisprudenciales obligan al Estado a garantizar la igualdad sustantiva, además de que en los hechos subsiste una discriminación estructural u omisiones normativas que excluyen a las mujeres y frenan la paridad real de oportunidades.
«La regulación vigente sobre las deducciones al salario de las personas servidoras públicas genera distorsiones indebidas, ya que al limitar de manera restrictiva los descuentos únicamente al incumplimiento de pensiones alimenticias se deja en estado de indefensión a otros acreedores legales y se otorga una especie de inmunidad frente a diversas obligaciones patrimoniales», afirmó.
Los asistentes a la mesa de trabajo externaron una postura favorable en lo general respecto a la iniciativa, al manifestar que el uso de un lenguaje incluyente y no sexista fortalece el principio de igualdad sustantiva y visibiliza la contribución de mujeres y hombres en el servicio público; precisaron la necesidad de realizar un control integral de vigencia para contrastar la propuesta con el texto legal actual, incorporando reformas aprobadas recientemente como las relativas a la licencia de paternidad, la licencia por duelo y la regulación de descanso laboral, de modo que el dictamen guarde plena correspondencia con el marco laboral vigente.
Ahí mismo, se destacó que respecto a la redacción planteada sobre los descuentos salariales, indicaron estar en desacuerdo con eliminar la referencia explícita al pago de pensiones alimenticias para sustituirla por una fórmula genérica de orden judicial, toda vez que al mantener de forma expresa este supuesto no solo brinda certeza jurídica a las personas trabajadoras y armoniza el ordenamiento con la Ley Federal del Trabajo, sino que protege de manera directa el interés superior de la niñez y garantiza la perspectiva de género, al asegurar que las deducciones por concepto de alimentos conserven su carácter prioritario frente a cualquier otro tipo de gravamen o adeudo laboral.
Antes de concluir, señalaron como indispensable aprovechar el proceso legislativo para depurar y actualizar las denominaciones de los puestos catalogados como personal de confianza, advirtiendo que la norma mantiene figuras orgánicas completamente superadas; puntualizaron la urgencia de suprimir términos en desuso como Procurador General de Justicia para adecuarlos a la Fiscalía General del Estado, sustituir Órgano de Fiscalización Superior conforme a la Ley de Fiscalización vigente, actualizar la extinta Coordinación General Jurídica por la Consejería Jurídica del Ejecutivo, eliminar la figura de Oficial Mayor en el ámbito municipal y ajustar las atribuciones relativas a las Juntas de Conciliación y Arbitraje tras la transferencia de la justicia laboral al Poder Judicial.
Para finalizar, recomendaron incorporar un régimen transitorio específico que garantice la continuidad y certeza jurídica ante el cambio de denominación de la ley.
