La violencia trae más problemas que resolverlos.
Martin Luther King
Ricardo Yépez
¿Confiarías en una persona que te pide una abrazo sosteniendo firmemente un cuchillo en cada mano? Por qué entonces a nivel nacional ese discursito vacío de “abrazos no balazos” se le hace congruente a muchas personas (sin considerar a las focas amaestradas y a las pagadas del presidente de la República). En una sola exigencia se han unido distintos grupos y asociaciones civiles de nivel federal: regresar a los militares a los cuarteles; sin embargo, y en contra de su propio discurso, Andrés Manuel López Obrador ha dado continuidad a la guerra armada contra el pueblo, ¡sí, contra el pueblo!, porque los sicarios siguen tan campechanos (¿o tabasqueños?) y con los mismos lazos estrechos con el ejército nacional de antes.
En la semana pasada los “sardos” han estado presentes en nuestras conversaciones porque nuestra memoria aún retiene los casos como la matanza de las tres columnas o la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pero también por las noticias que alcanzaron a salir en la prensa: la invasión de una docenas de militares al territorio del vecino del norte, y la captura de siete narcotraficantes ex-militares en la misma región de Nuevo León.
Una de las promesas incumplidas que hizo el escamoso tabasqueño durante su campaña fue el de dar el perdón a las personas involucradas en crímenes de alta violencia del mercado negro, siempre y cuando depusieran las armas y juraran en nombre de la guadalupana que no volverían a la senda del mal.
Sin embargo, el gobierno morenista ya lleva más de la mitad de su ejercicio y hasta ahora sólo le ha dado continuidad al plan de guerra contra las drogas que sus dos antecesores llevaron a cabo; a pesar de sus críticas a ellos y de perjurar que esta ya no es una guerra sino la paz con los delincuentes.
Al menos, Amnistía Internacional y la Canaca, Confederación Patronal de la República (coparmex “mamá, le dicen coparmex”), han pedido al máximo representante de los prietos de por acá que manden a los soldaditos marchandito al cuartelito de vueltita y dejen la seguridad pública en manos de los civiles.
Es ingenuo y hasta cae en lo estúpido, creer que los elementos entrenados para acabar con los “problemas a base de balazos” se han convertido en ositos cariñositos por la bendición de su sagradísima majestad. La prueba está en los pequeños detalles que siempre terminan sin explicación o justificadas con alguna de las excusas trilladas: “estaban ayudando al que apareció herido/muerto” o “traían droga sólo para su consumo personal”, como fueron las usadas en la invasión a los yunaites.
Seguridad municipal
La cabeza de este apartado ya parece sarcasmo o por lo menos un buen oxímoron, pero hablar sobre ello es algo hace falta en nuestras mesas. A diferencia de otros compas, creo que como pueblo organizado uno de los objetivos que debemos ponernos como prioridad es la de conseguir una Policía que trabaje para defendernos y no para defender los intereses y las personas de la clase política.
Nuestra Policía está secuestrada con muchas herramientas capitalistas que imposibilitan su ser para trabajar para el pueblo, entre ellas la precariedad económica y la falta de educación y preparación, incluso en las habilidades que les deberían ser inherentes como la formación para lidiar con los conflictos.
Es irracional que los jefes de Policía y alcaldes les ordenen a los oficiales no intervenir en conflictos en los barrios, porque peligra su integridad. ¡pues para eso son, o para eso se supone que deberían de ser!, son la fuerza civil para restablecer el orden en situaciones de conflicto, no sólo para prevención del delito.
Una instrucción mínima para los aspirantes a oficiales es necesaria, ya que no pueden llegar a los lugares de los hechos y tratar a todos los presuntos a punta de pistola; la falta de entrenamiento en la resolución de conflictos es una causa innegable de que muchas veces terminen los elementos siendo el centro de la nota por sus constantes abusos de poder, que además con el agravante de discriminación social, como ocurrió en el caso del homicidio de Cristian, de 12 años de edad, y la aprehensión de sus padres, en un conflicto en el que las partes involucradas ya habían incluso llegado a un acuerdo.
Las condiciones de injusticia laboral bajo la que está sometido el brazo armado del gobierno son deliberadas, para conseguir la sumisión a quien sea la figura del poder en turno y para que su resentimiento se convierta en represión del pueblo sin necesidad de darles órdenes explícitas.
Si los ciudadanos desean recuperar su propia fuerza pública deberán cambiar las condiciones en las que viven y trabajan sus fuerzas armadas, para conseguir que dejen de trabajar para los potentados políticos y económicos y decidan trabajar con el pueblo.
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Te interesan los abusos de poder que cometen las fuerzas armadas oficiales, entonces allá.
Más información sobre el caso del asesinato del niño Cristian, lee esto.
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Ricardo Yépez, diletante de las letras, disidente de la academia, apasionado defensor del habla y editor relajado. Participante ocasional de laboratorios literarios y brinda talleres de escritura literaria e íntima en escuelas de nivel medio superior.