Redacción / Ciudad de México
Alcaldes y alcaldesas de todo el país, encabezados por la coordinadora nacional y presidenta de la ANAC, Alejandra Gutiérrez Campos, acordaron de manera unánime interponer en breve controversias constitucionales contra la Ley general de Comunicación Social, por atentar contra la esfera municipal y la libertad hacendaria.
En sesión de trabajo, analizaron los efectos de dicha Ley, así como las acciones para combatirla.
La coordinadora nacional de Alcaldes y presidenta de la ANAC, Alejandra Gutiérrez, expuso a los alcaldes humanistas los alcances de esta ley, aprobada el pasado 27 de diciembre, que forma parte del llamado Plan B de la reforma electoral avalada por Morena, y constituye una real invasión a la esfera municipal, un ataque directo al municipalismo y su libertad hacendaria, además de que es violatoria del artículo 115 constitucional, que tutela su autonomía.
En la sesión, además estuvieron presentes el coordinador general jurídico del CEN del PAN, Raymundo Bolaños Azócar, y reconocidos expertos en la materia, quienes apuntaron los conceptos de invalidez que deben atacarse para interponer un medio de control constitucional.
En las participaciones, diversos alcaldes advirtieron un intento por debilitar a los municipios, al pretender socavar su libertad hacendaria limitando de manera desproporcionada el ejercicio del gasto de los recursos que se recaudan.
Esta ley pretende indebidamente cerrar la comunicación del Ayuntamiento con los ciudadanos, coartando además el derecho a la información de los gobernados.
No debemos permitir que se debilite la vida municipal, pues es la esfera de gobierno del primer contacto con el ciudadano; en lugar de ello se debiera pensar en fortalecer su hacienda y regresar fondos y programas que han desaparecido.
Tampoco se puede permitir que se abra el camino a la invasión de facultades exclusivas de los municipios, porque de hacerlo, el federalismo y el municipalismo mexicano correrían un riesgo sin retorno.
Si bien, esta ley pretende poner una camisa de fuerza para que los órganos de gobierno tengan un límite del 0.1% de su presupuesto para la comunicación, lo cual es desproporcionado y perverso, el debate es mucho más profundo, pues se trata de defender la autonomía municipal consagrada en nuestra Constitución, ya que México necesita municipios fuertes, concluyeron.