Redacción / Guanajuato, Gto.
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad de votos la creación de la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Guanajuato, propuesta formulada por las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Al hablar como autor del dictamen de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, el diputado Víctor Zanella Huerta, iniciante de la propuesta, dijo que este nuevo marco legal regulará las operaciones de venta, compra, conservación de los bienes o propiedades inmobiliarias de la administración pública estatal, los Poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos.
El legislador enumeró algunos de los beneficios, por lo que destacó que, por primera vez, se considerará a la reserva territorial y a las áreas naturales protegidas como bienes del dominio público; los poderes públicos, organismos autónomos y los particulares que estén en posesión de los inmuebles, deberán implementar programas de conservación, mantenimiento y vigilancia de estos.
Agregó que se creará el procedimiento de subasta, con el fin de obtener las mejores condiciones para el Estado al adquirir un predio; además, comentó que se integrará un órgano colegiado, para que de manera transversal se realicen las enajenaciones.
Zanella Huerta puntualizó que, para impulsar la fiscalización, la ley establece que los decretos deberán especificar el destino de los bienes y se tendrá la obligación de mantener los valores actualizados, “para mantener el control y la vigilancia del uso de los mencionados bienes, se crea un programa para dar seguimiento a todos los actos jurídicos, por parte de la ASEG”.
El también presidente de la Comisión de Hacienda mencionó que con estas acciones las y los diputados del PAN refrendan su compromiso de fortalecer a las instituciones y, en este caso, el patrimonio que de las y los guanajuatenses, a fin de que estos se manejen con transparencia y representen un auténtico beneficio social.
“Además, de mandar un mensaje para las nuevas generaciones para tener los mecanismos legales que garanticen la conservación de las áreas naturales protegidas como patrimonio común.”, concluyó.
