Área Natural Protegida de “La Bufa”, el gran pendiente

Benjamín Segoviano / Guanajuato, Gto.

El sábado 31 de julio de 2010, el entonces presidente municipal de Guanajuato, Nicéforo Guerrero Reynoso (PRI), deja la carpa que cada año el gobierno local instala para celebrar el Día de la Cueva, la mayor festividad religiosa de la ciudad. Durante su descenso por el cerro del Hormiguero, lo abuchean miles de guanajuatenses. La razón: el intento de urbanizar las colinas donde se realiza la fiesta, que conlleva la eventual amenaza de dañar para siempre el hermoso entorno, enmarcado por imponentes rocas, quebradas, arroyos.
Pocos meses después, el 5 de diciembre del mismo año, un plebiscito al que obliga la ciudadanía, en franca rebelión ecologista, vota contundentemente a favor del “NO” a la urbanización. La apuesta del alcalde, en contubernio con una constructora, fracasa estrepitosamente y con ello cava su tumba política. Se comienza a hablar de la creación de un Área Natural Protegida (ANP) que preserve la zona de La Bufa y sus paisajes.

Cauto, el siguiente gobernante, Luis Fernando Gutiérrez Márquez, también priista, evita tocar el espinoso asunto. Su sucesor, Édgar Castro Cerrillo, igualmente del PRI, sabedor del impacto del tema, se aviene a promover la creación de un espacio protegido. Un informe realizado por la Universidad de Guanajuato (UG), el Instituto de Ecología del Estado (IEE), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) plantea destinar 3 mil 700 hectáreas a una Zona de Conservación Ecológica (ZCE).
Hasta allí llega el avance. Surgen polémicas entre los defensores del medio y  supuestos propietarios que se dicen afectados. En 2018, es electo alcalde el panista Alejandro Navarro, una de las cabezas visibles del movimiento de 2010 a favor de los cerros. Sin embargo, para decepción de muchos, cambia el tono de su discurso y considera “exagerado” destinar 3 mil 700 hectáreas a una ZCE, sugiere, a cambio, sólo 500 ha. Aún más, propone construir un edificio administrativo en las faldas del cerro del Hormiguero.

Nulo compromiso

La mayoría de las naciones ponen gran interés en proteger sus espacios más destacados, sean naturales o creados por el ser humano. Tan sólo Estados Unidos tenía, hasta 2015, más de 765 Áreas Salvajes. China se ha preocupado por conservar sus muchos sitios de belleza excepcional. Italia, España, Francia y Alemania son los países con más lugares inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, pese a ser mucho más pequeños que México.
¿Por qué nuestros gobernantes no actúan en el mismo sentido? La administración estatal guanajuatense no se tentó el corazón para regalar cientos de millones de pesos a Mazda en un acceso vehicular y otros tantos en un terreno a Toyota. ¿Por qué no invierte entonces en el bienestar de los 194 mil 500 habitantes de la capital (Censo 2020), destinando recursos a un ANP en Los Picachos?

Tal vez se deba a que no conocen el lugar y, por tanto, no han sido cautivados por su belleza. Un recorrido por la zona es una experiencia sin igual. Las vistas son, simplemente, imponentes. Rocas, riachuelos y la fragancia de las plantas rodean al visitante. El aire es ligero y transparente. No extraña que cientos de personas recorran cada semana sus senderos, para hacer ejercicio, pasear o simplemente extasiarse con los paisajes.
Sin embargo, es decepcionante llegar a la cueva de San Ignacio (una de las tres que existen) y encontrarse con un letrero que, si bien insta a respetar el entorno, advierte que es “Propiedad Privada”. ¿De verdad una antigua mina de cantera tiene dueño? Las rocas gemelas conocidas como Las Comadres están a punto de ser alcanzadas por la urbanización. Ya hay construcciones junto al famoso Faro y en las faldas de Los Picachos, sin que nadie intervenga para detener la devastación.

De acuerdo con el Artículo 27 Constitucional, “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación…, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.
Aclara que “las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”, pero enseguida remarca que “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación…”.

Es decir, hay elementos legales para proteger el espacio; falta voluntad política. ¿La tiene Alejandro Navarro? Lo dudamos: en redes sociales se han desatado fuertes críticas al alcalde por la autorización, en días pasados, para podar los árboles que bordean la presa de los Santos, debido a que a algunos vecinos les molestaban las garzas que allí anidaban. Una vez más, el interés particular por encima del público.
Navarro, electo recientemente, tiene entre sus prioridades ocurrencias como la de afear con parquímetros el centro histórico y, sobre todo, construir un nuevo y costoso museo de las momias. La preservación ecológica no parece interesarle en lo más mínimo, y menos si afecta los intereses de sus cuates.

Los Picachos, La Bufa, el Hormiguero, las Comadres y las restantes cimas que miran hacia la zona sur poseen una fuerte carga simbólica para los guanajuatenses, por su importancia histórica, religiosa y ambiental. Para usar el moderno lenguaje administrativo: comprometerse con su protección es una gran “área de oportunidad” para trascender en la memoria de los capitalinos.
Falta que el alcalde desee ser recordado así, o lo condene la historia por haber dejado pasar la oportunidad de, verdaderamente, hacer algo memorable por su municipio.