Redacción / Ciudad de México
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, en medio de las críticas por parte de los partidos de oposición sobre los recursos que se destinan a programas y obras emblemáticas, así como los recortes en el gasto de los ramos autónomos, principalmente al Instituto Nacional Electoral (INE).
Para la discusión de los temas particulares objetados por las bancadas opositoras, los legisladores acordaron continuar la sesión este miércoles.
“La Mesa Directiva decreta un receso en la sesión. Cita para continuar con los trabajos el día de mañana 9 de noviembre, a las 10:00 horas 16.00”, informó el cuerpo legislativo.
El dictamen aprobado contempla un déficit de alrededor de 56.000 millones de dólares —que debe ser financiado con deuda pública—, en el llamado “Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación” para el ejercicio fiscal 2023.
La política de gasto del Proyecto de Presupuesto 2023 “está encaminada a rubros que estimulen un mayor desarrollo de todos los sectores de la población y propone un aumento real anual en la inversión física respecto a lo aprobado en 2022”, indica el documento.
Según el texto, los programas previstos en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación mexicana para el año que viene “se han alineado y son congruentes con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como en los programas que derivan del mismo”, que rige a la actual administración federal.
Uno de los temas de desacuerdo son los “ajustes a los proyectos de presupuesto presentados por los ramos autónomos, sin afectar el desarrollo de sus actividades esenciales, pero en concordancia con la política pública”, como los presenta el dictamen aprobado.
La política gubernamental denominada de “austeridad republicana” reduce los presupuestos de los poderes Legislativo, Judicial y otras entidades autónomas.
El comunicado reporta que entre esos entes autónomos, a los que les serán reducidos sus presupuestos, están el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, y el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La reducción al presupuesto de la autoridad electoral —cuya reforma constitucional impulsan el gobierno y Morena— es de 4.500 millones de pesos (unos 225 millones de dólares).
Losartidos de la oposición calificaron el proyecto que eleva el gasto de los programas sociales como “clientelar”. Cuestionan, además, que considere ingresos presupuestales con un crecimiento económico calculado en 3 por ciento en 2023, que califican de “irreal”.
Algunos organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculan que el crecimiento de la economía mexicana será de 1,2% en 2023.
Golpe al INE
A nombre del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández sostuvo que el dictamen modificado por la mayoría no representa a los más pobres, a los trabajadores, ni fomenta la seguridad, la reactivación económica ni apoya a la salud, además de rechazar el “golpe presupuestal” en contra de los órganos autónomos, en especial al INE, por lo que mencionó que este presupuesto está diseñado para las prioridades del presidente.
La diputada Margarita Zavala, también del PAN, expuso que el dictamen da cuenta de mesas y de parlamentos abiertos, pero no hay una sola propuesta que haya sido contemplada.
Por el PRI, el diputado Jaime Bueno Zertuche, afirmó que el proyecto de PEF 2023 es a todas luces ineficiente e inequitativo, y está pensado en los intereses de Ejecutivo; es decir, es una propuesta que endeuda, no defiende la economía familiar ni fomenta el empleo.
El PRD, a través del diputado Miguel Ángel Torres Rosales calificó la construcción del PEF 2023 como “clientelar”, al tiempo que lamentó que en las reasignaciones se proponen más de 6,400 millones de pesos que absorberán los organismos autónomos.
Movimiento Ciudadano, a través del diputado Salomón Chertorivski, dijo que votaría en contra: “no podemos ser cómplices de un presupuesto políticamente autoritario, que le quita 20% a la institución garante de nuestra democracia”.
Las prioridades de este presupuesto son los programas sociales, como las Pensiones del Bienestar y los proyectos insignia del gobierno, como el Tren Maya y el Istmo de Tehuantepec.
Estas prioridades fueron criticadas en tribuna por los legisladores de la oposición, que destacaron la disminución presupuestal a los ramos autónomos para ampliar el gasto de la Secretaría del Bienestar.
El INE tendrá una reducción en su presupuesto de 4,475 millones de pesos y en el 2023 ejercerá 20,221 millones de pesos.
En tanto, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tendrá 3,841 millones de pesos extra a lo propuesto inicialmente, mientras que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 2,500 millones de pesos más.
(Con información de El Economista)