Redacción / Ciudad de México
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Guerrero, es un “crimen de Estado”, concluyó este jueves de forma preliminar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que aseguró que no hay indicios de que los estudiantes estén con vida.
Así lo dio a conocer Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, quien subrayó que continúa la investigación y la búsqueda. Además, aseguró que hubo colusión y participación de las autoridades de distintos niveles de gobierno con la Policía y la organización criminal Guerreros Unidos.
Encinas Rodríguez subrayó que los nuevos documentos confirman que se trató de un “crimen de Estado”, en el que están involucrados funcionarios de todos los órdenes de gobierno y que el ejército es responsable, al menos, de no impedir las desapariciones. Uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de su situación.
“Sus acciones, omisiones o participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, dijo al presentar el reporte.
El subsecretario ofreció también datos que reavivan la hipótesis de que el tráfico de heroína que se realizaba en esa región pudo estar en el epicentro del crimen. Según explicó, se confirmó que un autobús sin pasaje libró esa noche al menos 16 retenes y “nunca fue detenido” aunque, según los mensajes interceptados, ahí se encontraba “la mercancía”. “Y la mercancía es o droga o dinero”, indicó.
Además, anunció que México ofreció a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso, un acuerdo para que colabore con la justicia a cambio de información que pueda esclarecer los hechos y el destino de los jóvenes de quienes, afirman, no se ha encontrado ningún indicio de que puedan seguir con vida.
Zerón, que se encuentra prófugo en Israel acusado de tortura y desaparición forzada, no aceptó la oferta de inmediato pero el gobierno sigue en contacto con sus abogados. Este exfuncionario es considerado el artífice de la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, que tanto un grupo de expertos internacionales como la actual Fiscalía ha demostrado que fue falsa.
El 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala, Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural “Isidro Burgo” de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes.
Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino -Cocula- y tiró los restos a un río cercano.
Tanto los informes de un grupo de expertos internacionales como los presentados por la actual fiscalía mexicana, corroborados ahora por la Comisión de la Verdad, negaron la versión del basurero, aunque confirmaron la identificación de tres estudiantes a través de restos óseos calcinados. Aseguraron que funcionarios federales había torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia.
Guerrero es un estado con gran actividad del crimen organizado y una fuerte presencia del ejército. El área de Iguala era, además, un punto estratégico en el tráfico de heroína hacia Estados Unidos.
La información presentada hoy por Alejandro Encinas se puede consultar en https://bit.ly/3Qy2jZ3.
Principales conclusiones del informe
El análisis de los hechos permite confirmar:
– Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
– Que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
– Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como del homicidio de otras seis personas.
– Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF.
– Que el grupo delictivo actuó con amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
– Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.
– Que, tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.
– Se confirma la intervención de la Policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.
– Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia de Iguala y en Santa Teresa.
– Se confirma el traslado del autobús Ecoter, sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando los retenes establecidos.
– Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.
– Que, al filo de las 22:45h del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
– Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.
– Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
– Que es necesario continuar la búsqueda en: la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo río Balsas; en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el paraje Suriana, en Iguala, así como en las inmediaciones de Tepeguaje.
– Que existen indicios para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de integrantes de Guerreros Unidos, autoridades federales y municipales y contra quien resulte responsable por acción u omisión en estos delitos.
(Con información de AFP, AP, Secretaría de Gobernación)
