Redacción / Ciudad de México
El caso sobre la desaparición de los 43 estudiantes en el sur de México ocurrida en el 2014 ha entrado en una crisis ante los cuestionamientos que han surgido contra las investigaciones, la salida del fiscal especial, y ahora el retiro de parte de los integrantes del grupo de expertos internacionales.
Así lo evidenció el lunes el grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una exposición en la que cuestionaron la credibilidad de parte de las evidencias que se utilizaron para armar el más reciente informe de la Comisión de la Verdad que dirige el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa señaló este lunes inconsistencias en el último informe del Gobierno sobre el crimen.
Tras un peritaje, el GIEI determinó que “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes” de presuntos implicados en la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 presentados en capturas de pantalla en el reporte del Gobierno.
La Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa presentó el pasado agosto su último informe en el que, además de reconocer que fue un “crimen de Estado” con funcionarios implicados de todos los niveles, compartieron más de 400 capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, de las que “al menos 181” presentan inconsistencias, según el GIEI.
En una conferencia, dijeron que en primer lugar “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros, su autenticidad y tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo donde se encuentra configurada la copia del screenshot (captura)”.
Asimismo, indicaron que aunque visualmente la versión de la aplicación es la utilizada entre 2012 y 2015, en ese momento no existía la posibilidad de videollamada, pero sí aparece el icono. Igualmente, tampoco existía la posibilidad de la doble verificación azul (confirmación de mensaje enviado y recibido), pero sí aparece en la imagen. Por otra parte, hay capturas que se generaron anteriormente a la fecha en la que se señala que se enviaron los mensajes.
“Los mensajes analizados no pueden considerarse como prueba digital”, detalló Francisco Cox Vial, uno de los cuatro expertos del GIEI. “Lo que sí hay que investigar es por qué se entregaron, quién los entregó y cómo los obtuvo”, consideró Angela Buitrago, otra de las integrantes.
El GIEI, que había prolongado por un mes sus actividades, detalló que a partir de este momento quedarán solo dos de los cuatro expertos, Carlos Martín Beristain y Ángela Buitrago, para ejecutar un mecanismo de seguimiento del caso, ante el movimiento suscitado tras la publicación del informe el 18 de agosto y de que la FGR cancelara más de 20 de las 80 órdenes de captura solicitadas.
Además, el GIEI consideró necesario que permanezcan porque el nuevo equipo de la unidad especializada que llegó después de la renuncia del ahora exfiscal especial Omar Gómez Trejo en septiembre “no tiene conocimiento suficiente del caso”.
Tras los cuestionamientos hechos por el grupo de expertos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a los padres de los estudiantes, manifestó su profunda tristeza ante la “falta de verdad” en el caso, e instó al Estado, en un comunicado que difundió en su cuenta de Twitter, a “rectificar y retomar la senda de la justicia y la verdad con apertura a la asistencia técnica internacional”.
Hasta ahora se desconoce el destino de los jóvenes. Se presume que todos fueron asesinados, pero solo se encontraron restos de tres. Tampoco está claro el móvil del ataque aunque se ha afianzado la idea de que uno de los autobuses que se llevaron estaba vinculado al tráfico de drogas.
(Con información de AFP, AP, EFE)
