Redacción / Ciudad de Guatemala, Guatemala
A menos de dos semanas de los comicios presidenciales, Guatemala ya experimenta confrontaciones políticas de gran calado.
El presidente electo, Bernardo Arévalo, acusó este 1 de septiembre que hay un golpe de Estado en curso en el país, impulsado por políticos y funcionarios que buscan romper el orden constitucional y violentar la democracia.
“Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y ha puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”, dijo Arévalo cuatro días después de que la justicia inhabilitara a su partido, Semilla.
“Estamos viendo un golpe de Estado en curso”, agregó en rueda de prensa Arévalo, hijo de un presidente que dejó huella en el país (Juan José Arévalo, 1945-1951) y quien ganó el balotaje con el 58% de los votos con la promesa de una lucha frontal contra la corrupción, mal endémico en el país.
Su amplio triunfo es atribuido a que generó esperanzas de cambio en un país sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción, que inducen cada año a miles de guatemaltecos a emigrar. Pero su ascenso al poder ha alarmado a la élite política y empresarial, acusada de ser corrupta.
“Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto”, continuó Arévalo.
“Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían de garantizar la justicia en nuestro país, encabezada por la fiscal general, consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, así como la junta directiva del Congreso y otros actores corruptos y antidemocráticos”, añadió.
Al ser inhabilitado, Semilla no puede realizar ninguna actividad, como emitir declaraciones, recaudar dinero o sumar afiliados.
Además, sus 23 nuevos diputados tendrán facultades reducidas, pues no podrán conformar una bancada, presidir comisiones, participar en la preparación de la agenda del Congreso ni tener asesores pagados.
“Están debilitando y negando los recursos, la autoridad y la legitimidad que legalmente nos ha conferido el pueblo de Guatemala”, dijo Arévalo.
Hace más de una semana, las autoridades reforzaron la seguridad del presidente electo ante informes de un posible atentado en su contra, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
(Con información de AFP)
