Redacción / Tijuana, BCN
Cerca de un centenar de policías, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército desalojó el domingo a 381 migrantes, en su mayoría centroamericanos y mexicanos, que permanecieron desde hace casi un año en un campamento improvisado que fue instalado en la entrada de un cruce fronterizo entre la ciudad mexicana de Tijuana y Estados Unidos.
El desalojo se realizó la mañana de este domingo de manera pacífica bajo el control de la Guardia Nacional y efectivos antimotines de la Policía Municipal de Tijuana. Además, todos los agentes estaban desarmados, según informó la agencia EFE.
Los cientos de carpas cubiertas con bolsas y lonas, que fueron colocados los migrantes en los alrededores de la garita “El Chaparral” en Tijuana, Baja California Norte, fueron derribadas con la ayuda de excavadoras y camiones mientras que sus habitantes cargaban en bolsas y maletas sus escasos enseres, ropa y juguetes, para ser trasladados a tres albergues de la localidad.
“Fue una reubicación que se tenía que llevar a cabo para evitar algún colapso”, afirmó el domingo la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, al explicar a la prensa las razones que llevaron al desalojo del campamento, y añadió que las familias se encontraron en una situación de “inseguridad” especialmente por razones de salubridad.
El grupo de 381 migrantes, integrado por 86 núcleos familiares, 24 madres solteras con hijos, 33 hombres y tres personas de la comunidad LGBT, fue repartido entre los albergues Centro Integrador del Migrante, proyecto Salesiano y el Santuario del Migrante, precisó la alcaldesa.
Caballero Ramírez descartó que la decisión de desarmar el campamento respondiera a una presión de Estados Unidos. “Ustedes saben que la autoridad tijuanense se rige por sus propias normas jurídicas”, agregó.
“Es inhumano porque lo hicieron en la madrugada y los niños están dormidos”, afirmó la migrante mexicana Guadalupe Omeca, al quejarse del desalojo del campamento donde estuvieron por siete meses. Acompañada por sus tres hijos, un nieto y su pareja, Omeca confesó que temía por el traslado al albergue, y dijo que “tarde o temprano nos van a sacar pues uno trae niños”.
Cerca de la migrante mexicana se encontró la hondureña Marleni Hernández, quien también se quejó del trato de las autoridades, e indica que “no lo están haciendo bien porque prácticamente nos terminaron a levantar… como si fuéramos unos delincuentes”.
El campamento de “El Chaparral” comenzó a formarse a finales de enero de 2021, luego de la llegada al gobierno del presidente Joe Biden y que las autoridades estadounidenses comenzarán a contener el flujo de extranjeros en cumplimiento de las políticas que obligan a los migrantes a esperar en México sus audiencias en cortes de inmigración y por las medidas de salud pública relacionadas con la pandemia del coronavirus.
El campamento se había convertido en un dolor de cabeza para las autoridades de los dos países debido a que estaba desactivado el tránsito por uno de los tres pasos peatonales hacia la ciudad estadounidense de San Diego, por el que solía pasar una media de unas 12.000 personas al día.
Activistas y organizaciones humanitarias habían expresado su preocupación por la situación en la que vivían los cientos de migrantes, muchos de ellos niños, en el improvisado campamento. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México exhortó el año pasado a las autoridades mexicanas a garantizar el respeto a los derechos humanos de los habitantes del campamento de “El Chaparral” y privilegiar las acciones de seguridad y protección a dicho grupo.
(Con información de AP, EFE)