Redacción / Ciudad de México
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma constitucional que extiende hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, decisión que activistas y algunos organismos internacionales consideran un avance en la militarización del país.
De este modo, se extiende de 2024 a 2028 el periodo de tiempo en el que los integrantes del Ejército y de la Marina podrán permanecer en las calles.
La medida fue aprobada con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención. Las fuerzas políticas que votaron a favor fueron el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) —el partido del presidente López Obrador—, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).
En contra de la iniciativa estuvieron el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC). También hubo algunos votos aislados en contra de parte de legisladores de Morena y el PRI.
Tras nueve horas de debate, el PRI logró su objetivo de modificar al artículo 5 transitorio de la Constitución, un hecho que podría causar el rompimiento definitivo del principal grupo opositor del país, la coalición Va por México, integrada por el PRI, el PAN y el PRD.
La nueva medida establece que, a partir de ahora y hasta 2028, el presidente de México podrá disponer de las fuerzas armadas de forma permanente para participar en tareas de seguridad pública de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. Todo ello mientras la recién creada Guardia Nacional solidifica su estructura, su preparación y sus funciones.
Durante la discusión Pablo Sandoval, de Morena, defendió la reforma y sostuvo que es necesario que las fuerzas armadas “actúen de manera complementaria” en las labores de seguridad pública.
Esta “es una herramienta indispensable para que sea eficaz combate al crimen organizado”, alegó.
Por su parte, María del Refugio Camarena, del PRI, aseguró que las policías regionales están “rebasadas” por el crimen organizado.
Uno de los pronunciamientos en contra lo hizo el diputado Ignacio Loyola, del PAN. “El ejército no está preparado para fungir las funciones de prevención y de seguridad pública”, sostuvo.
El pasado 9 de septiembre Morena y sus aliados aprobaron una reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional, actualmente bajo mando civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La enmienda fue propuesta por el presidente Andrés López Obrador como parte de su estrategia para combatir al crimen organizado y la ola de violencia que golpea al país desde hace más de 15 años.
Sin embargo, defensores de derechos humanos han criticado esta iniciativa que, según ellos, provocaría más violencia.
La Guardia Nacional, creada en 2019, está conformada por 115.000 elementos de formación militar. Al ser formada se estableció una cláusula que indicaba que “durante los cinco años siguientes el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria”.
México está envuelto en una espiral de violencia ligada al crimen organizado que ha dejado unos 340.000 muertos desde 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas.
A pesar del amplio despliegue de la Guardia Nacional y los militares en diferentes estados del país, la inseguridad en México no ha disminuido. El mes pasado, grupos de delincuentes y cárteles del narcotráfico llevaron a cabo ataques en cinco estados del país en una semana, incendiando negocios y matando a transeúntes.
(Con información de AFP, AP, Reuters)