Redacción / Ciudad de México La Cámara de Diputados rechazó el domingo por la noche en un pleno especial la propuesta que reformaría los artículos 4º, 25, 27 y 28 de la Constitución Política, sobre el sector energético presentada por el gobierno y que provocó un encendido debate en torno a la posibilidad de revertir la apertura del mercado realizada en 2013.
La reforma defendida por López Obrador buscaba dar mayor poder a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y hubiera limitado al 46% la participación del sector privado en la generación de electricidad, lo que era rechazado por las empresas privadas.
Con 275 votos a favor, 223 en contra y 0 abstenciones, tras más de doce horas de discusión el pleno del Congreso rechazó en lo general la iniciativa de López Obrador.
En el pleno el partido gobernante necesitaba mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los legisladores presentes, por lo que se requerían al menos 332 votos favorables que finalmente no se alcanzaron.
El júbilo de los diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, convocados alrededor de la consigna ‘No pasarán’, celebraron con el grito: “¡No pasó, no pasó, no pasó!”.
La respuesta del oficialismo también estalló airada: “¡Traidores, traidores, traidores!”
Esta fue la primera vez que se rechaza una iniciativa propuesta por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los opositores habían anticipado que la reforma no pasaría por afectar a la competitividad y la economía de las familias.
La reforma eléctrica no era bien vista por los opositores partidos PAN PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, ni por el sector privado nacional y extranjero, quienes expresaron de manera pública su inconformidad con este polémico e hipotético dictamen.
Igualmente, el gobierno de Estados Unidos reiteró en varias ocasiones su preocupación por las consecuencias de la aprobación de la reforma propuesta por López Obrador.
La oposición criticó que la iniciativa llevaría a un aumento de las emisiones de gases contaminantes y a un encarecimiento de la electricidad.
La oposición se había declarado totalmente en contra y la mayoría de sus diputados pernoctaron en la Cámara el sábado para evitar contratiempos o que manifestantes oficialistas les bloquearan el acceso el domingo por la mañana.
El debate estuvo marcado por las descalificaciones y un tono muy ríspido. Hubo pancartas, banderitas de México y gritos cruzados coreados con los puños en alto en los que oficialistas y opositores se acusaban mutuamente de traidores a la patria.
La reforma constitucional incluía también considerar el litio un mineral estratégico que sólo puede explotar el gobierno. Sin esperar a la votación, el presidente puso en marcha su plan B y envió el domingo por la noche al Congreso una propuesta de cambios a la ley minera para garantizar la medida sobre el litio. La Cámara lo debatirá el lunes. En este caso, el gobierno sí cuenta con votos suficientes para sacarla adelante.
López Obrador reiteró el domingo que contaba ya con su plan B en caso de que su propuesta no fuera aprobada por el pleno. “Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.
Se espera que este lunes sea entregada una nueva propuesta, que fue firmada por el presidente López Obrador, la cual es una Reforma a la Ley Minera, a fin de que el litio solo sea explotado por el Estado y no por privados.
La reforma de 2013 puso fin al monopolio que ejercieron las estatales CFE y Petróleos Mexicano durante casi ocho décadas en el sector energético, y lo abrió a la competencia de empresas privadas, nacionales y extranjeras.
Uno de los argumentos de los opositores es que unos 40.000 millones de dólares invertidos en la generación de energías eólicas y fotovoltaicas por firmas privadas —entre ellas 10.000 millones de dólares de firmas estadounidenses—, estaban en riesgo por litigios que pueden escalar a tribunales internacionales de protección de inversiones.
La actual Ley de la Industria Eléctrica, modificada en 2021 en la misma línea de la reforma constitucional, está recurrida en los tribunales porque, entre otros puntos, prevé la revisión o anulación de contratos ya firmados.
De forma paralela, la Corte Suprema debatió el tema este mes y aunque la mayoría de magistrados criticaron la iniciativa, no se lograron los votos necesarios para declararla inconstitucional.
(Con información de AFP, AP, EFE, RT)
