AP / Ciudad de México
El narcotraficante Rafael Caro Quintero, capturado el viernes, fue informado el fin de semana de su situación jurídica: está detenido provisionalmente con fines de extradición a Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa y secuestro y homicidio de un funcionario estadounidense, el agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena, en 1985.
Un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones confirmó el domingo a The Associated Press que la notificación se realizó el sábado de forma virtual.
Con la notificación se inicia el procedimiento legal para lograr su extradición a Estados Unidos, cuyo gobierno lleva 30 años intentando sentarle en el banquillo por la tortura y muerte de Camarena. El secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo el viernes que se buscaría la “extradición inmediata”.
Un juez con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México le informó a Caro Quintero que su captura había sido considerada legal y le notificó los cargos en su contra, explicó el funcionario. El capo, considerado uno de los “padrinos” del narcotráfico mexicano, se encuentra detenido en la prisión de alta seguridad de Almoloya, 85 kilómetros al oeste de la capital.
No hubo audiencia pública porque su caso se abrió cuando en México estaba en vigor el código penal anterior, que no las exigía.
Caro Quintero, de 69 años, era uno de los fugitivos más buscados por el FBI desde que en 2013 fue liberado de una cárcel mexicana por un aparente error judicial después pasar casi tres décadas encarcelado por el asesinato de Camarena y de un piloto mexicano. El FBI ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares por su captura.
Fue detenido el viernes en las montañas de su estado natal, Sinaloa, en un operativo de la Marina y la fiscalía federal. Catorce marinos que participaban en las labores de resguardo de la operación murieron al desplomarse el helicóptero Black Hawk en que se trasladaban. La Marina dijo que todo apunta a que fue un accidente, cuyas causas aún se investigan.
Caro Quintero tenía otras dos órdenes de captura en México, pero se ejecutó la que era con fines de extradición y que se remonta a 2013, indicó el funcionario.
Ahora el gobierno estadounidense tiene un plazo 60 días naturales para presentar la solicitud formal de extradición y todas las pruebas que considere necesarias, procesos que se hacen a través de la Cancillería mexicana. Posteriormente el juez que lleva la causa determinará si procede o no.
En ese plazo, los abogados de Caro Quintero pueden presentar los amparos y pruebas que consideren pertinentes para evitar la extradición o ralentizar el proceso, que es lo que habitualmente hacen los letrados de este tipo de detenidos.