Redacción / Ciudad de México
La Fiscalía General de la República de México abrió una investigación sobre las transferencias recibidas por el expresidente Enrique Peña Nieto en una cuenta bancaria en España por unos 26 millones de pesos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aclararé los señalamientos, respondió Peña Nieto vía Twitter.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Peña Nieto porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó y le reportó que el mexiquense recibió transferencias bancarias internacionales por más de 26 millones de pesos entre 2019 y 2021.
Los recursos, explicó Pablo Gómez, titular de la UIF, durante la conferencia de prensa de este jueves encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, fueron transferidos al exmandatario mexicano por una familiar consanguínea desde una cuenta de México hacia España.
Las operaciones fueron realizadas por la mujer y un hermano de Peña Nieto quienes le enviaron cheques por aproximadamente 29 millones de pesos.
La familiar consanguínea, precisó el funcionario, registró retiros por 189 millones 857,108.16 pesos y depósitos por 47 millones 523,677.17 pesos entre 2013 y el año en curso.
“De los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333,939 pesos con 31 centavos entre 2013 y 2022. Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente. Aunado a lo anterior, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas identificadas como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras’’, abundó Gómez.
Así como que en el caso de la empresa A se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados y que la empresa familiar fue constituida desde antes de que Peña Nieto fuera presidente.
“Particularmente la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones (de pesos) quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones.
La empresa B, explicó, fue constituida por el expresidente y familiares también antes de que fuera presidente y “tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo (federal)’’.
“Aunado a lo anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el año 2013, por un monto de 714 millones y pico de pesos, en 2014 por 1126 millones, en el 2015 por 5,505 millones, en 2016 por 948 millones 799,000 pesos, en 2017 por 991 millones y en 2018 por 1,246 millones para hacer un total de 10,533 millones 499,413 pesos con 48 centavos’’, dijo.
Además de que dicha empresa envió, entre 2015 y 2021 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por 1,557 millones 822,839.88 pesos moneda nacional y cuatro millones 942,900 dólares.
Se identificó también que la empresa B en conjunto con una filial de la empresa transnacional tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por 164,326 euros.
“La carpeta o la información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la FGR, que ha abierto ya una carpeta de investigación. La Fiscalía hará la investigación, la Unidad de Inteligencia financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. Las investigaciones no están a cargo nunca de la unidad, que hace simplemente acopio de información de acuerdo con la ley y el análisis de la misma’’, aseguró Gómez.
Sobre los delitos en que posiblemente haya incurrido Peña Nieto, dijo que los habrá de establecer Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.
No hacer juicios sumarios: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la instrucción que ha dado al titular de la UIF es que toda información vinculada con “personas políticamente expuestas” debe ser entregada a la Fiscalía General, que encabeza Alejandro Gertz Manero.
“Cuando se habla de este tema, desde luego es un personaje político, dijimos: «todo lo que se tenga se envía a la Fiscalía», que es la instancia que va a investigar», prosiguió el mandatario.
Sin embargo, exhortó a su administración a actuar con responsabilidad, a no hacer “juicios sumarios”, y a actuar con transparencia.
“Es una línea muy delgada, pero se puede hacer, si asumimos nuestra responsabilidad. No es para salir a decir que se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero, no”, subrayó López Obrador.
Al mismo tiempo dijo que su administración tampoco va a “fabricar delitos a nadie”.
Enfatizó además que en las investigaciones sobre exmandatarios no habrá “actos espectaculares”, como ocurría en administraciones anteriores.
“Nos importa en serio acabar con la corrupción, no el circo, queremos que no haya corrupción ni impunidad para nadie, que la Fiscalía resuelva con autonomía”, puntualizó el presidente.
La aclararé, responde EPN
El expresidente Enrique Peña Nieto respondió luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el exmandatario priista por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto escribió:
“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”.
“Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”, agregó.
Cuentas pendientes
Enrique Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo y no se ha pronunciado públicamente sobre una serie de señalamientos.
Emilio Lozoya, director de la empresa petrolera estatal durante el gobierno de Peña Nieto, afirmó que éste y su mano derecha, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida reforma energética y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.
Videgaray niega las acusaciones. Ninguno de los dos enfrenta cargos en ese caso.
El hecho de no haber podido condenar a ningún alto funcionario de un gobierno anterior ha sido un bochorno para López Obrador, como lo ha sido que el fiscal general Alejandro Gertz Manero no pudiera armar una acusación sobre la base de las denuncias de Lozoya.
La actitud de no tocar a Peña Nieto ha alentado las conjeturas de que López Obrador llegó a un acuerdo de caballeros con el expresidente en 2018. Peña Nieto supuestamente obtuvo una promesa de impunidad a cambio de reconocer rápidamente el triunfo de López Obrador en la elección presidencial y darle un poder inusual durante la transición.
López Obrador se ha limitado a decir que la venganza no es su fuerte y que México debe volver la vista al futuro, no al pasado.
El año pasado, se realizó por iniciativa de López Obrador un referendo nacional sobre si se debe juzgar a presidentes anteriores acusados de delitos. No alcanzó el 40% de la participación para que fuera vinculante y los detractores señalaron que el gobierno no necesitaba la bendición del público parta juzgar a personas acusadas de crímenes.
(Con información de AFP, AP, EFE, El Economista, RT)