Redacción / Ciudad de México
Miles de ciudadanos se concentraron este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México y en otras ciudades del país para rechazar el ‘Plan B’ de la reforma a las leyes de procedimientos políticos electorales impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Bajo la consigna “Mi voto no se toca”, una multitud vestida de blanco y rosado (colores institucionales del organismo electoral) llenó gran parte del Zócalo y varias calles aledañas del centro histórico de Ciudad de México.
La reforma reduce el personal y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), entidad encargada de organizar los comicios y a la que el presidente López Obrador, acusa de costar mucho dinero a las arcas públicas y de haber tolerado fraudes en el pasado.
Las reformas electorales propuestas por López Obrador fueron aprobadas la semana pasada. Una vez que se promulguen, reducirán salarios, financiamiento para las oficinas electorales locales y la capacitación de ciudadanos que operan y supervisan esos centros de votación. También disminuirán las sanciones para candidatos que no reporten sus gastos de campaña.
López Obrador niega que las reformas sean una amenaza contra la democracia y asegura que las críticas son elitistas, argumentando que el instituto gasta demasiado dinero, y que ese monto debería invertirse en los pobres.
La manifestación fue convocada por varias organizaciones políticas y civiles agrupadas en el Frente Cívico Nacional.
Ramón Cossío, exmagistrado de la Suprema Corte y orador principal del evento, acusó al mandatario de querer “apropiarse del sistema electoral”. Cossío confió en que la Suprema Corte eche abajo la reforma cuando falle las demandas que han sido presentadas ante ese tribunal.
“Confiamos en ellos (los jueces), en su talante democrático, en la decisión que tomarán para preservar la vida democrática del país”, sostuvo desde una tarima el exmagistrado, a quien el presidente del país tilda de “corruptazo e hipócrita”.
En el mitin también participaron algunos políticos relevantes, como la exdiputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Beatriz Pagé. Asimismo, los expresidentes de México, Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) aplaudieron el resultado de la protesta.
En respuesta a esta protesta, López Obrador convocó a sus seguidores a movilizarse el próximo 18 de marzo con motivo del 85 aniversario de la nacionalización del petróleo en México. El presidente ya había descalificado de antemano la protesta al señalar que detrás está un grupo de “corruptos” que quiere volver al poder para “seguir robando”.
Por otra parte, el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, calificó de “farsa” la manifestación contra la reforma electoral, asegurando que quienes la encabezan quieren “regresar al pasado”. “Un pasado corrupto, donde podían cometer fraudes electorales, manipular el voto para favorecer sus intereses y, sobre todo, en el que podían saquear a nuestro país”, destacó el político en un comunicado.
Ni las autoridades ni los organizadores informaron de cuánta gente participó en las protestas, que se produjeron en varias ciudades del país en estados como Jalisco, Chiapas, Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca, Yucatán, entre otros.
Los grupos opositores rechazan las modificaciones impulsadas por el primer presidente izquierdista de México y que fueron avaladas el 22 de febrero por el Legislativo. El autónomo INE, encargado de preparar y organizar las elecciones, asegura que la reforma reduce su estructura territorial al eliminar 300 juntas de distrito, lo que provocará que alguno de los 32 estados del país -de 125 millones de habitantes- tenga una sola persona encarga de la oficina electoral.
Estos cambios afectan la actualización y depuración del padrón electoral (conformado por unos 93 millones de votantes), apuntó el ente en un documento. También, desaparece el personal encargado de capacitar a los jurados de votación y se limita la capacidad para monitorear la propaganda electoral en radio y televisión, agregó.
Las elecciones en México son costosas según los estándares internacionales, en parte debido a que casi todo el financiamiento legal de campaña, por ley, es suministrado por el gobierno. El INE también emite credenciales de votación que son la forma más común de identificación oficial en México, y supervisa los comicios en regiones remotas, y por lo general peligrosas, del país.
(Con información de AFP, AP, Reuters)
