Redacción / Washington, EE.UU.
La administración de Joe Biden aprobó el envío, en los próximos días, de 1.500 soldados a la frontera entre EE.UU. y México, ante la incertidumbre de que cientos de inmigrantes podrían ingresar al país una vez que se levante el Título 42, la política que, con la justificación de la pandemia del Covid-19, ha permitido la expulsión expedita de personas de los Estados Unidos.
El personal militar se encargará de capturar datos, apoyo a almacenes y otras tareas administrativas para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza pueda concentrarse en el trabajo de campo, declaró la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Los soldados “no ejercerán funciones policiales ni interactuarán con migrantes o inmigrantes”, afirmó Jean-Pierre. “Ello dejará libre a los agentes de la Patrulla Fronteriza para que puedan cumplir con sus importantes labores policiales”.
Los militares, que cumplirán esta misión por 90 días, provendrán del Ejército y del Cuerpo de Infantería de Marina, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, buscará cubrir el faltante con efectivos de la Guardia Nacional o la Reserva durante ese periodo, informó el portavoz del Pentágono, general de brigada de la Fuerza Aérea Pat Ryder. Actualmente hay 2.500 elementos de la Guardia Nacional destacados en la frontera.
Ryder anunció el martes que el Departamento de Defensa iba a desplegar en la frontera con México a 1.500 uniformados temporalmente, por 90 días, a petición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El portavoz precisó que, en concreto, las unidades que se enviarán a la frontera forman parte del Ejército y del cuerpo de Marines, e hizo hincapié en que esas tropas ofrecerán apoyo a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El gobierno del demócrata Joe Biden ha precisado que los soldados no desarrollarán tareas de “aplicación de la ley”, sino respaldo a la CBP en la detección y vigilancia de la frontera. De hecho, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, matizó que esos efectivos adicionales efectuarán “tareas administrativas” y no “interactuarán con los inmigrantes”.
El anuncio se produce cuando EE.UU. se prepara para un aumento del flujo migratorio con motivo del levantamiento a partir del 11 de mayo del Título 42, una medida por la que ha llevado a cabo expulsiones en caliente con el pretexto de la pandemia.
El fin del Título 42
El Título 42 cesará su aplicación el próximo 11 de mayo, pero eso no significará “que la frontera esté abierta”, aclaró el Departamento de Estado en una nota publicada la semana pasada.
“Cuando se levante la orden del Título 42 a las 23:59 horas del 11 de mayo, EE.UU. volverá a utilizar el Título 8 para procesar y expulsar rápidamente a las personas que llegan ilegalmente a la frontera”, dice el texto.
Además, ante el fin del Título 42, EE.UU. anunció unas nuevas medidas para conseguir una migración regular, ordenada y segura, que contará con la colaboración de Guatemala, Colombia, México, Canadá y España.
En Guatemala y Colombia, por ejemplo, comenzarán a operar los Centros Regionales de Procesamiento (RPC, por sus siglas en inglés), sitios para tramitar solicitudes de asilo, permisos laborales y de reagrupación familiar.
Esos RPC, según el Departamento de Estado, ayudarán a “reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y legales”.
Asimismo, los gobiernos de Canadá y España también aceptaron recibir migrantes que sean referidos de esos centros.
Más de 2,5 millones de expulsiones
Actualmente se encuentran en la frontera unos 2.500 efectivos de la Guardia Nacional, que es un cuerpo castrense en la reserva, que se dedican a labores de respaldo a la CBP en la detección y vigilancia de la zona y dan apoyo de aviación.
Durante el mandato del expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) se produjo un despliegue de más de 5.000 soldados regulares en la frontera sur que fue anunciado a unos días de las elecciones legislativas de 2018. En aquella ocasión fueron miembros de la Guardia Nacional.
El Título 42 ha permitido más de 2,5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en 2020 con el pretexto de la pandemia durante el mandato de Trump. En una audiencia ante un comité del Congreso este mes, el director interino de la CBP, Troy Miller, señaló que se espera que el número de cruces irregulares en la frontera aumente a 10.000 al día una vez se suspenda la normativa.
(con información de AP, EFE)
