Redacción / Lima, Perú
Las protestas para exigir la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte y de los miembros del Parlamento prosiguieron este sábado tras casi dos meses luego que la víspera el parlamento archivó la más reciente propuesta del gobierno para adelantar los comicios en 2023.
Miles de manifestantes se congregaron en la céntrica Plaza Dos de Mayo en Lima, en una protesta que promete ser “la más grande” y “con todas las sangres”, según los organizadores de las protestas en las que han muerto hasta ahora 69 personas.
La movilización, también denominada paro nacional, fue convocada por gremios campesinos, organizaciones civiles y bloques estudiantiles de las regiones del sur andino Cusco y Puno, y de las regiones más postergadas en Perú, así como de Lima.
“Hoy salimos todas las sangres”, dice el llamado del Bloque Universitario, para otra jornada de manifestaciones contra el gobierno y el Congreso peruano, cargadas de reivindicaciones indígenas y reproches desde las zonas del país más ricas en gas, minería y tierras agrícolas que, sin embargo, viven en la pobreza con lo mínimo en derechos sociales, sobre todo en educación y salud.
“Nosotros no vamos a renunciar a esta lucha, la que tiene que renunciar es la señora usurpadora y el Congreso que arreglan todo para no tener que mejorarnos nada. Solo nos roban y le dan nuestras riquezas a las empresas que no son peruanas”, dijo la manifestante Romina Cuno, una mujer campesina de 37 años de Puno.
“Estaremos aquí hasta que la Dina ‘asesina’ se largue y también los sinvergüenzas del Congreso”, dijo Mario Cusi, un hombre que dijo haber nacido en la ciudad de Cuzco.
Nutridos grupos provenientes de los distritos más pobres en el norte de Lima arribaron corriendo y cantando “sí se puede”, mientras enarbolaban pabellones peruanos y la wiphala, la colorida bandera cuadrangular representativa de las etnias de Los Andes, constataron reporteros.
Otra movilización simultánea se dio en las calles del centro limeño, con unas 50 personas que se identificaron como la “Legión Patriótica”, y que afirmaron defender a la Policía peruana “por su accionar con los subversivos terroristas”.
Dina Boluarte reemplazó al expresidente izquierdista Pedro Castillo, que fue destituido y arrestado el 7 de diciembre tras un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
La intención inicial de Boluarte era completar el periodo de Castillo hasta 2026, pero ante el estallido de movilizaciones pidió al Congreso anticipar los comicios.
Las autoridades peruanas reportaron más de 70 puntos “con tránsito interrumpido” en seis regiones del país, concentradas al sur, por las protestas antigubernamentales.
En el mapa divulgado por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), se observa que la mayoría de bloqueos se presentan en las regiones sureñas de Puno, ubicada a más de 1.200 kilómetros al sur de Lima, y Cuzco, aunque también hay algunos en las regiones vecinas de Madre de Dios, Apurímac y en la central de Junín.
Los bloqueos se reportan, además, en la región amazónica de Madre de Dios, vecina a Puno y también fronteriza con Bolivia y Brasil, así como en varios puntos de la región de Cuzco, a la altura de las provincias de Quispicanchi y Canchis.
Rechazos del Congreso
La jornada de protestas discurre después que el Congreso del país rechazara esta semana un total de cuatro proyectos de anticipación de elecciones. El último intento de acceder a una de las principales exigencias de los descontentos tuvo lugar el viernes, cuando la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento desestimó debatir un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo de Boluarte, que fijaba la celebración de los comicios generales (presidenciales y congresales) el 8 de octubre de 2023, y lo envió al archivo.
Los congresistas argumentaron su decisión acogiéndose al artículo 78 del reglamento parlamentario, en el que se indica que no se puede presentar la misma propuesta sobre una cuestión idéntica hasta el siguiente período anual de sesiones.
Tras ser archivada esta iniciativa, se prevé que otra similar, que contempla el recorte del mandato presidencial y legislativo, podría llegar al Parlamento a partir del 27 de julio de este año, fecha en que dará comienzo otro período anual de sesiones, según publicó un medio local.
Otras disposiciones del proyecto archivado implicaban que el nuevo jefe de Estado asumiría sus funciones el 31 de diciembre del 2023 y las concluiría el 28 de julio del 2028. Mientras, la legislatura arrancaría el 29 de diciembre de 2023 y se prolongaría hasta el 26 de julio de 2028.
Aparte de la renuncia de Boluarte y el adelanto electoral, los manifestantes, que han tomado las calles desde la destitución legislativa de Pedro Castillo y su detención por presunta rebelión y conspiración, el pasado 7 de diciembre, reclaman el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente, al tiempo que piden justicia para las más de 60 personas que han muerto en las protestas, fuertemente reprimidas por la Policía y el Ejército.
(Con información de AFP, AP, EFE)
