Redacción / Washington, EE.UU.
A medida que Estados Unidos se acerca al 20.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente Joe Biden firmó este viernes una orden ejecutiva para que el Departamento de Justicia y otras agencias gubernamentales relevantes revisen la posibilidad de desclasificar ciertos documentos del FBI relacionados con la investigación de aquellos ataques terroristas.
El decreto marca un momento significativo en el forcejeo de años entre el gobierno y las familias sobre cuál información clasificada sobre los días previos a los ataques podía ser publicada.
El conflicto fue evidente el mes pasado, cuando unos 1 800 familiares, sobrevivientes y socorristas se opusieron a la participación de Biden en los eventos conmemorativos si los documentos seguían secretos.
“Los eventos significativos ocurrieron hace dos décadas o más y se relacionan con un acontecimiento trágico que sigue resonando en la historia de Estados Unidos y en las vidas de muchos estadounidenses”, dice la orden ejecutiva. “Es por tanto crítico asegurarnos de que el gobierno de Estados Unidos maximiza la transparencia, recurriendo a la confidencialidad solamente cuando donde sea necesario y esté estrechamente definida”.
“Cuando me postulé a la presidencia, me comprometí a garantizar la transparencia en relación con la desclasificación de los documentos sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU.”, señaló Biden en un comunicado, al agregar que su “corazón sigue con las familias” de los 2.977 fallecidos.
“Para ellos, no fue solo una tragedia nacional e internacional. Fue una devastación personal”, indicó Biden, quien ha asegurado que su Administración “seguirá comprometiéndose respetuosamente con los miembros de esta comunidad”.
El impacto de la orden ejecutiva y de cualquier nuevo documento que pudiera arrojar no estaba claro por el momento. Investigaciones previas han delineado vínculos entre ciudadanos saudíes y algunos de los secuestradores de los aviones, pero no han establecido que el gobierno saudí haya estado directamente involucrado.
El decreto presidencial ordena al fiscal general hacer públicos los documentos que decidan desclasificar y le otorga para ello un plazo de seis meses.
(Con información de AP, RT)