Martín Durán / Guanajuato
¡Algo no cuadra! Después de que se dieran a conocer las irregularidades por más de 303 mil millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los primeros cinco años del gobierno del expresidente López Obrador, las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Representación del PRD han presentado una propuesta de exhorto el cual va dirigido a la Mandataria Federal.
Y es que se dio a conocer que la finalidad es solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una revisión profunda de las reglas de operación de los programas sociales federales, con el fin de prevenir actos de corrupción y asegurar que los recursos lleguen realmente a quienes los necesitan.
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Ante ello, la legisladora Susana Bermúdez subrayó la importancia de la fiscalización como herramienta para la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Asimismo, destacó Susana Bermúdez que, entre los hallazgos más graves, la ASF documentó pagos a personas fallecidas, registros con CURPs falsificadas, apoyos duplicados a planteles escolares, recursos entregados sin comprobación a asociaciones civiles, compras indebidas de terrenos y automóviles, e incluso “pagos de marcha” sin justificación.
“No se trata de accidentes. Lo que subyace, en el fondo, a estas prácticas irregulares son reglas laxas y procesos administrativos a los que les faltan controles claros y efectivos. Tampoco se trata de casos aislados o excepcionales”, compartió en su mensaje Susana Bermúdez.
RESALTAN DESORDEN ADMINISTRATIVO
«Estas prácticas no sólo violan la ley, sino que afectan directamente a las personas en situación de vulnerabilidad, quienes quedan excluidas de apoyos esenciales por culpa del desorden administrativo, la opacidad o la corrupción», se destacó en el informe.
Ahí mismo, se informó que la propuesta del GPPAN indica que no se trata de eliminar los programas sociales, sino de corregir lo que no funciona. Exige reglas firmes, controles reales y procesos auditables para evitar la discrecionalidad y garantizar que cada peso se aplique con responsabilidad.
Antes de concluir, Susana Bermúdez afirmó que la transparencia y el respeto a los derechos ciudadanos son obligaciones ineludibles de la autoridad, y el incumplimiento no puede justificarse por incapacidad institucional o falta de voluntad política.