Redacción / Nueva York, EU
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas manifestó este lunes su profunda preocupación por la gravedad de la situación de este tipo de delito en México, e instó a las autoridades “a localizar rápidamente a los desaparecidos, a identificar a los fallecidos y a tomar medidas rápidas para investigar todos los casos”.
Tras una visita a México, del 15 al 26 de noviembre, los integrantes del órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas recordaron que, hasta el último día de su visita, el número oficial de desaparecidos registrados ascendía a 95 mil personas y que más de cien ocurrieron durante su estadía.
La delegación se desplazó a trece estados: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz; y mantuvo más de 150 reuniones con autoridades, organizaciones de víctimas y oenegés.
Durante la rueda de prensa al final de su viaje, los miembros del Comité subrayaron la importancia de que México accediese a la visita como “una clara expresión de la apertura del Estado al escrutinio y apoyo internacional”.
Pese a reconocer que durante los últimos años se han efectuado “algunos avances legales e institucionales”, destacaron que “las desapariciones forzadas siguen siendo generalizadas y la impunidad es casi absoluta”.
Más mujeres y niños
Al mismo tiempo, observaron un aumento del número de desapariciones de niños y mujeres, una tendencia agravada durante la pandemia del coronavirus y la situación de riesgo que padecen los migrantes.
“Las masacres de San Fernando, Cadereyta y Camargo son sólo algunos ejemplos. Hemos recibido información de personas que iniciaron su ruta migratoria y terminaron en fosas clandestinas. Otras son privadas ilegalmente de su libertad, sin comunicación con el exterior, situación que los convierte potencialmente en desaparecidos”, detallaron.
A este complicado escenario, también hay que añadirle los más de 52 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar.
Además, los expertos encontraron “falta de coordinación” entre las autoridades y las “limitadas facultades” con las que cuentan las Comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda, que perjudican el rastreo de los desaparecidos en vida y la extracción de los cuerpos en los lugares donde fueron encontrados.
Y EN GUANAJUATO
De acuerdo con El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), mantenido por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en Guanajuato están 2,619 personas desaparecidas al 12 de noviembre de 2021, de las que 1,351 fueron reportadas como desaparecidas en los últimos tres años.
Celaya con 378, Irapuato 338, León 295, Salamanca 167, Pénjamo 123, Abasolo 74, Acámbaro 68, Salvatierra 67, Apaseo El Alto 63 y Silao 60 son los primeros diez por número de casos, ya que concentran el 62 por ciento del total, según el informe “Desapariciones, búsqueda y crisis de derechos humanos en Guanajuato”, elaborado por la Plataforma por la Paz y la Justicia.
Drama indescriptible
Las víctimas transmitieron a los expertos “la imagen de una sociedad desbordada por el fenómeno de las desapariciones”, con una “impunidad sistémica” y les manifestaron “su impotencia ante la inacción de algunas autoridades”, en un clima de “indiferencia y falta de progreso” frente a su búsqueda de respuestas y justicia.
“Nos han expresado con vehemencia su dolor y que los desaparecidos no son números, sino seres humanos. La búsqueda, la investigación, el establecimiento de responsabilidades, el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral no siempre son una prioridad para algunas autoridades”, describieron.
Agregaron que “cada uno de estos casos es un drama humano indescriptible. Sus dimensiones son tales que están dejando huellas profundas e irreparables en las víctimas, pero también en la sociedad en general”.
Ante esta realidad, señalaron que “no se han abordado las causas profundas de las desapariciones” y que el planteamiento de seguridad adoptado “no sólo es insuficiente, sino también inadecuado”.
Implantar política que incluya a todas las autoridades
Los integrantes del Comité insistieron en la necesidad de que México “adopte una política nacional de prevención que involucre a todas las autoridades para poner fin a las desapariciones forzadas y asegurar que las víctimas tengan acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición”.
Igualmente destacaron como “especialmente importante” la adopción de medidas de atención y reparación integral a las víctimas, con un enfoque de género y multiculturalidad.
“Además, es prioritario tomar en cuenta los impactos que las desapariciones provocan en los hijos de las víctimas”, apuntaron.
Finalmente, reiteraron su compromiso de apoyar a las víctimas de desapariciones y a las autoridades “para que el Estado parte cumpla con sus obligaciones en el ámbito de la Convención.”
¿Qué es el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas?
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas es un órgano colegiado compuesto por diez expertos independientes, nombrados por los Estados parte de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Su función es supervisar la aplicación de este tratado. Para visitar México, el Comité designó a cuatro de sus miembros: Juan Pablo Albán Alencastro; Juan José López Ortega; Horacio Ravenna y Carmen Rosa Villa. La delegación contó con el apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
