Redacción / Guanajuato, Gto.
Con la finalidad de establecer como facultad del Congreso el poder ajustar la fecha de recepción de los informes a cargo del gobernador del estado y del fiscal general, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato.
En la exposición de motivos, el diputado de Morena expresó que se le conoce como norma imperativa a la obligación de rendir un informe por escrito el primer jueves de marzo en el que se exponga la situación que guarda la Administración Pública del Estado por parte del Ejecutivo estatal y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
“La redacción de este artículo es lo que se conoce como norma imperativa, que en este caso particular mandata que se rinda el informe el primer jueves de marzo, entendiéndose que corresponde a cada año del ejercicio constitucional de su cargo, sin margen alguno de cambio ante situaciones imprevistas e inesperadas”, expresó.
Ante ello, Prieto Gallardo recordó que en el proceso electoral de la Revocación de Mandato se contemplaron implicaciones en las actividades ordinarias de los tres órdenes de gobierno, mismas que podrían incidir en la rendición de cuentas, por lo que era necesario ajustar la dinámica de establecimiento de fechas de cumplimiento de obligaciones.
“La propuesta de prorrogar el cumplimiento de presentación de informes del gobernador del estado y del fiscal general no puede sostenerse en un punto de acuerdo propuesto por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, debido a la falta de fundamento expreso que permita a este Congreso modificar un imperativo de la Constitución Política del Estado de Guanajuato”, enfatizó el legislador.
Finalmente, mencionó que para no incurrir en irregularidades del proceso también conocido como veda electoral, plantea la modificación de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato donde se establezca como facultad del Congreso poder ajustar la fecha de recepción de los informes a cargo del gobernador del estado y del fiscal general por situaciones imprevistas para que se lleve a cabo la rendición de cuentas, tomando en cuenta que la Revocación de Mandato se contempla cada tres años.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.