Martín Durán / Guanajuato
En la pasada sesión de la Comisión de Justicia, se abordaron varios puntos de relevancia, donde también se radicaron 5 propuestas legales en beneficio de la ciudadanía de Guanajuato.
Durante la reunión se contó con la presencia de las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta) y Susana Bermúdez Cano; así como los diputados Bricio Balderas Álvarez, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes y Cuauhtémoc Becerra González.
Y de lleno con la sesión, uno de los punto de acuerdo que se trato, fue para exhortar al fiscal general para que lleve a cabo todas las acciones necesarias para esclarecer y, en su caso, fincar las responsabilidades penales por los hechos ocurridos en el desalojo a las y los vecinos de Lo de Juárez.
Asimismo, se destacó en otro punto que la jueza noveno de distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en Irapuato lleve a cabo las acciones necesarias para resolver a la brevedad el juicio de amparo con perspectiva de derechos humanos; así como al gobernador del estado y a la alcaldesa de Irapuato, para que garanticen el derecho a la vivienda de las y los habitantes de la colonia Alfredo V. Bonfil sin ningún tipo de condicionamiento político.
Es importante resaltar que en la sesión se presentaron cuatro iniciativas con sus respectivas metodologías de análisis.
Dos de ellas consisten en reforma al Código Civil para fortalecer la figura de la declaración especial de ausencia y la declaración de presunción de muerte de la persona ausente, y en materia de vigencia y efectos post mortem del mandato especial irrevocable; una para modificar el Código Penal, a fin de ajustar las sanciones establecidas para los delitos de violación sexual, violación equipara y abuso.
PARA LOS FUNCIONARIOS
Otro de los puntos y reforma que se hablaron fue de cambiar la Ley de Justicia Cívica del Estado con el objeto de establecer como requisito de quienes aspiren a ser funcionarios públicos del sistema de Justicia Cívica, el no contar con suspensión condicional del proceso penal, vigente, por un delito doloso.
Al final, los asistentes estuvieron de acuerdo que lo anteriormente presentado se remitirá al Supremo Tribunal de Justicia y a la Coordinación General Jurídica, tendrán como plazo 15 días hábiles para enviar sus comentarios, se consultará a la ciudadanía por los mecanismos implementados por el Congreso y se realizarán reuniones de análisis con los funcionarios consultados.
En conclusión, se confirmó que la segunda también se enviará al Colegio Estatal de Notarios; la tercera a la Fiscalía General estatal; y la cuarta al Tribunal de Justicia Administrativa y a los 46 ayuntamientos.
