Redacción / Guanajuato, Gto.
La diputada Irma Leticia González Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato para reducir el financiamiento público a los partidos políticos.
Con la propuesta se busca reducir en un setenta y cinco por ciento el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y amparar la competencia en las contiendas electorales con un incremento únicamente en el concepto de gastos de campaña.
Al dar lectura a la exposición de motivos, González Sánchez precisó que los partidos políticos tienen la finalidad de promover la participación ciudadana en la vida democrática del país, así como contribuir a la integración de los órganos de representación política.
Agregó que la ley debe de garantizar que los partidos cuenten con las herramientas para realizar sus actividades correspondientes, de la misma manera, indicar las reglas a las que se sujetarán.
La congresista indicó que el financiamiento público se proporciona a los partidos que mantienen su registro después de cada elección para sostener sus actividades ordinarias, las relacionadas a la obtención del voto durante un proceso electoral y las de carácter específico.
En ese sentido, enfatizó que los partidos políticos nacionales y locales reciben una enorme suma de recursos del erario. “El Estado Mexicano destina cada año alrededor de más de 11,000 millones de pesos en subsidios públicos destinados a las actividades ordinarias de los partidos políticos, plantilla laboral y bienes muebles e inmuebles, es decir, a la manutención de aparatos burocráticos”, comentó.
Asimismo, expresó que el financiamiento a los partidos políticos destinado al proceso electoral es un requisito indispensable para garantizar contiendas justas y equitativas, pero el sostenimiento de su estructura burocrática en tiempos no electorales no era justificable.
En ese sentido, González Sánchez destacó que el objetivo era reducir el alto costo que partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante las aportaciones de sus militantes, legalmente vigiladas.
Finalmente, subrayó que dichos recursos podrían emplearse en equipamiento de hospitales, comprar vacunas, basificar personal médico, entre otros, los cuales, dijo, eran temas más importantes que el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales para su estudio y dictamen.