Redacción / Bogotá, Colombia
Los gobiernos de Argentina, Colombia, Bolivia y México hicieron un llamado este lunes a todos los actores de Perú para que den prioridad a la “voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”, en el contexto de la crisis política por la vacancia de Pedro Castillo y la juramentación de Dina Boluarte como presidenta, lo cual ha generado manifestaciones masivas en los últimos días que han dejado, al menos, siete muertos.
En un comunicado conjunto los cuatro gobiernos expresaron una “profunda preocupación” por la remoción y detención de Castillo, a quien aún reconocen como presidente de Perú, y solicitaron que le sean respetados los derechos humanos y garantizada la protección judicial.
“El presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio (…) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, reza un comunicado suscrito por los cuatro países y divulgado este lunes por la Cancillería de Colombia.
En medio de la crisis, Dina Boluarte —quien era la vicepresidenta de Castillo— asumió el miércoles como presidenta del Perú y ha dicho que propondrá al Parlamento adelantar las elecciones a abril de 2024 como parte de una concesión a los manifestantes.
Sin embargo, los cuatro gobiernos que defienden a Castillo exhortaron a quienes “integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, agrega el pronunciamiento.
El exmandatario peruano, elegido en 2021, fue detenido la semana pasada por orden judicial y enfrenta cargos de rebelión y conspiración, luego de un fallido intento para disolver el legislativo.
“Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, se lee en el comunicado conjunto.
Castillo, un maestro rural alejado de las élites peruanas, gobernó menos de un año y medio en un periodo marcado por una profunda crisis política.
Al momento del arresto se dirigía a la embajada mexicana para solicitar asilo. El Congreso, dominado por la derecha, aprobó una norma que permite acelerar un juicio penal en su contra.
El exmandatario es “objeto de un tratamiento judicial (…) violatorio” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, agregaron los países que suscriben el mensaje.
La vicepresidenta Dina Boluarte denunció a Pedro Castillo por intentar perpetrar un “golpe de Estado” y lo reemplazó en el poder. Ahora enfrenta multitudinarias protestas de gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas, sectores afines a Castillo que exigen su renuncia.
Un plan del nuevo gobierno para adelantar las elecciones de 2026 a 2024 no ha debilitado las movilizaciones, que dejan siete civiles muertos en las últimas 36 horas.
Los manifestantes piden la “inmediata libertad” de Castillo, así como el cierre del congreso.
La defensora del pueblo, Eliana Revollar, comunicó que son ya siete las personas fallecidas a nivel nacional debido a las masivas protestas.
La Dirección Regional de Salud de Apurímac reportó las muertes de dos jóvenes de 18 años, hecho que tuvo lugar este 12 de diciembre en Andahuaylas. Estos decesos se suman a otros cuatro que fueron registrados en Apurímac y a uno más en Arequipa.
Por su parte, la vicepresidenta tercera del Congreso peruano, Patricia Chirinos, instó a Boluarte a que “actúe en este momento, que saque las Fuerzas Armadas, que imponga el toque de queda y recupere el orden público”. “No permitamos que mueran más peruanos inocentes”, declaró la congresista.
(Con información de AFP, AP)
