Redacción / Guanajuato, Gto.
Convocada por la Comisión de Hacienda y Fiscalización se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar dos iniciativas presentadas por el gobernador del estado para realizar actos de dominio sobre bienes inmuebles de propiedad estatal.
La primera busca se desafecte del dominio público del estado tres inmuebles y se autorice transmitir la titularidad de la propiedad a la sociedad mercantil denominada Toyota Motor Manufaturing de Guanajuato S.A., de C.V.
Federico Ruiz, representante de la Coordinación General Jurídica, mencionó algunos de los antecedentes de la propuesta, entre los cuales destacó la firma de una carta intención entre la citada empresa y el gobierno estatal para impulsar el proyecto de un complejo productivo para la fabricación de vehículos dirigidos al mercado de Norte América en el municipio de Apaseo el Grande; la autorización de la desafectación para la construcción de una reserva territorial ubicada en el mismo municipio destinados a la conformación de un desarrollo industrial y la firma de un convenio de apoyos complementarios y transmisión de tierra entre el gobierno de Guanajuato y la empresa Toyota.
En ese sentido, el funcionario detalló los términos de la transferencia de los terrenos, y una vez mencionados dichos antecedentes, expresó que se convierte en una transmisión a título oneroso, debido a que se estipularon tanto provechos y gravámenes recíprocos entre gobierno del estado y la empresa Toyota, los cuales beneficiarán a la sociedad y tienen la finalidad de consolidar el desarrollo del proyecto de la escuela ferroviaria.
Por su parte Alejandro Hernández Fonseca, subsecretario de Atracción de Inversiones, presentó un análisis técnico sobre la factibilidad de acceso a planta para las concesionarias ferroviarias, la capacidad ferroviaria instalada, la operación logística de exportación y el impacto que tiene el proyecto de la escuela ferroviaria.
Asimismo, destacó los compromisos que realizó la empresa Toyota con el desarrollo del proyecto y comentó que dicha compañía cuenta con una inversión de 856 millones de dólares (a fines de 2021), cumpliendo con un 90% de lo pactado con gobierno del estado.
También resaltó que ha logrado la creación de 2,176 empleos directos y 2,719 indirectos; habló de las acciones de mejora en las comunidades aledañas; la derrama económica y el impulso al desarrollo social, tanto de la zona cercana como de la entidad en general.
Al hacer uso de la voz, uno de los asesores cuestionó a los funcionarios presentes la diferencia del costo al que se va a dar el terreno con el real; el valor actual de los terrenos; la autorización de ratificación y la de desafectación; los beneficios a la colectividad; las condiciones generales de los empleos generados por la empresa, entre otros aspectos.
Al respecto, se precisó que los avalúos se adjuntaron al expediente que conforma la iniciativa; la desafectación y la autorización se requiere por parte del Congreso debido a la cláusula sujeta de condición para dar cumplimiento a los convenios previamente establecidos; sobre las condiciones generales de empleo, mencionaron que son empleos directos, registrados ante el IMSS, con todas las prestaciones de ley.
Posteriormente, se analizó la iniciativa para desafectar del dominio público del Estado la enajenación mediante donación de un bien inmueble propiedad estatal, en favor del municipio de Cortazar para destinarlo a la Casa de la Cultura.
Los participantes coincidieron en la importancia de llevar a cabo la desafectación para consolidar el desarrollo integral de ese municipio y dinamizar las actividades culturales y sociales de Cortazar.
Para ambas propuestas se solicitó la elaboración de los dictámenes en sentido positivo.
En la mesa de trabajo participaron la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández; así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente), Miguel Ángel Salim Alle y José Alfonso Borja Pimentel.
También estuvieron presentes Alejandro Hernández Fonseca, subsecretario de Atracción de Inversiones; José David Aguilera Ramírez, director de Servicios de Infraestructura; Juan José López Aboytes, director de Asesoría y Soporte Legal de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; Gerardo Bárcenas Chávez, director de Control Patrimonial; Iztel del Rocío Vega Romero, subprocuradora fiscal de consultoría y normatividad de la Secretaría de Finanzas y Administración; José Federico Ruiz Chávez y Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco de la Coordinación General Jurídica.
