Redacción / Guanajuato, Gto.
La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena, presentó un punto de acuerdo con la finalidad que el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Díaz Martínez, emita un protocolo de atención de las adicciones e implemente operativos para vigilar la forma en que operan los Centros de Rehabilitación en el tratamiento de las adicciones.
La propuesta también busca exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a sus homólogos en los 46 municipios para que, de manera coordinada y permanente, realicen operativos en los Centros de Rehabilitación que operan en la entidad a fin de detectar, investigar y sancionar la posible comisión de delitos dentro de dichos lugares.
Al hacer uso de la voz, la congresista dio a conocer que en Guanajuato más de 215 mil 949 personas han consumido alguna droga legal o ilegal, por lo menos una vez en su vida. Otros más de 181 mil guanajuatenses son consumidores frecuentes de drogas ilegales y 70 mil personas, aparte, son consideradas adictos severos a las sustancias sicotrópicas y drogas legales como el alcohol y el tabaco.
La congresista comentó que el gobierno estatal ha implementado el Programa Planet Youth, que tiene como objetivo general el fomentar la prevención de adicciones en niñas, niños y adolescentes del estado de Guanajuato, sin embargo, la atención y tratamiento de quienes ya poseen una adicción debe ser también una tarea primordial para el estado.
“En Guanajuato, la Secretaría de Salud ubica por lo menos 250 centros de rehabilitación, de los cuales únicamente 13 cumplen la norma. Asimismo, en la entidad existen 286 anexos, de los cuales 262 son irregulares”, dijo.
Alcaraz Hernández expresó que la falta de regulación y certificación ha generado que estos centros, coloquialmente conocidos como anexos, se hayan convertido en espacios perfectos para la comisión de diversos delitos que van desde la tortura, los golpes, violaciones sexuales, privación ilegal de la libertad, tráfico de estupefacientes, reclutamiento de miembros para las organizaciones criminales, el ocultamiento de delincuentes, irrupciones violentas y ataques armados que han perpetrado multihomicidios.
Finalmente, la diputada externó que se requiere la participación del gobierno estatal y de los gobiernos municipales para apoyar a las personas que requieren atención profesional para curar alguna adicción y poder reinsertarse a la sociedad; de igual forma, asegurar que los anexos cumplen con todas las normas y protocolos necesarios para lograr que esa rehabilitación se realice con total seguridad y respeto a los derechos humanos.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictaminación.