Redacción / Guanajuato, Gto.
Las diputadas y diputados que integran la Comisión de Justicia aprobaron los dictámenes en sentido positivo de dos iniciativas referentes al matrimonio para personas con discapacidad.
Las dos iniciativas puestas a consideración abarcan reformas al Código Civil para el Estado de Guanajuato, que tienen la finalidad de derogar los artículos que señalan la discapacidad intelectual como un impedimento para contraer matrimonio.
En su intervención, la magistrada Carolina Orozco Arredondo, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mencionó que la limitación a los mayores de edad con discapacidad intelectual para unirse en matrimonio resulta contrario a la proscripción de discriminación, así como al derecho humano al matrimonio y a la familia.
Por su parte, el licenciado Luis Alberto Estrella Ortega, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, señaló que los artículos que se encuentran en la constitución local no respetan el derecho de las personas con discapacidad al restringirles por decisión propia contraer nupcias.
Al hacer uso de la voz, el licenciado José Federico Ruiz Chávez de la Coordinación General Jurídica indicó que la resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia hace innecesario pronunciarse sobre la derogación que se pretende realizar, debido a que la invalidez produce el efecto de expulsar dichos artículos del sistema jurídico donde están referidas las disposiciones inconstitucionales.
Asimismo, el director del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, José Grimaldo Colmenero, refirió que el estado es quien debe brindar los apoyos correspondientes para que las personas con discapacidad puedan ejercer su personalidad jurídica y no buscar limitar el goce de sus derechos.
Al hacer uso de la voz, la diputada Susana Bermúdez Cano expresó que falta trabajo por hacer para que las personas con discapacidad puedan vivir en una sociedad incluyente, agregando que los textos marcados como inconstitucionales deben de corregirse para ayudar a disminuir la brecha de desigualdad.
Finalmente, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá mencionó que ante las coincidencias por parte de los distintos órganos presentes se consideró viable el objeto de la iniciativa, por lo que se ordenó la dictaminación en sentido positivo para ambas propuestas.
Siguiendo con el orden del día, se analizó la iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato, que busca dejar de asentar las anotaciones respecto al reconocimiento de hijos fuera del matrimonio.
En su intervención, el magistrado Roberto Ávila García del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato comentó que la expedición de una nueva acta de la persona en las condiciones descritas carece del alcance de borrar su historia pasada, ya que solo pretende proteger los derechos de quienes son reconocidos por su padre o madre en fecha posterior al registro de su nacimiento, de modo que el acta de nacimiento primigenia deberá quedar reservada y no publicarse, salvo a solicitud del reconocido o por requerimiento judicial.
Por su parte, el licenciado José Manuel Bribiesca Pérez mencionó que la cancelación de un acta de nacimiento con motivo de un acta posterior por reconocimiento se trata de un elemento que afecta su identidad, debido a que no corresponde al nombre con el que se ha conducido en todos los actos de su vida pública y social.
Al hacer uso de la voz, la legisladora Susana Bermúdez Cano coincidió en el objetivo de la iniciativa, sin embargo, precisó que se tendría que buscar alguna otra composición porque los artículos que el iniciante envía no son viables por la redacción no adecuada y que contradicen el objetivo de las reformas planteadas.
Ante los señalamientos, se acordó tomar en cuenta las opiniones vertidas para un posterior análisis de la iniciativa que permita visualizar de mejor manera los alcances y evitar problemas de inconstitucionalidad.
Finalmente, se aprobó la solicitud de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá para la elaboración, por parte del Instituto de Investigaciones Legislativas, de un cuadro comparativo donde se muestren las observaciones emitidas en el foro “Los retos de la legislación única en materia de procedimientos civil y familiar”, en relación con la emisión del documento que se remitirá al Congreso de la Unión en alusión al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta) y Susana Bermúdez Cano; así como los diputados Bricio Balderas Álvarez, Cuauhtémoc Becerra González y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.
Todos ellos acompañados por miembros de la Coordinación General Jurídica del Estado de Guanajuato, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad y del DIF estatal.