Redacción / Ciudad de México
Dejar a los militares en tareas de seguridad pública, como promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, “agudizará el desastre” de derechos humanos que atraviesa el país, advirtió este martes la organización Human Rights Watch (HRW).
“Entregar a las Fuerzas Armadas el control total de las tareas de seguridad pública mientras se limita la capacidad de autoridades civiles de fiscalizar el actuar de los soldados desplegados en las calles amenaza con agudizar el desastre de derechos humanos que atraviesa México”, dijo Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW, en un comunicado.
López Obrador promueve un cambio de las leyes que facultaría a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública a largo plazo.
La iniciativa, aprobada el sábado pasado en la Cámara de Diputados, trasladaría el control de la recién creada Guardia Nacional, principal institución civil de seguridad pública del gobierno federal, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada del Ejército.
La propuesta presidencial daría de baja a casi todos los elementos civiles de la Guardia Nacional, mientras que la mayoría de los soldados y marinos adscritos a este cuerpo, que fue creado como una institución civil, quedarían sujetos a la jurisdicción militar, aunque realicen tareas de seguridad civil.
“En el pasado, la aplicación de la jurisdicción militar, a pesar de una reforma que prohíbe su uso para investigar violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles, ha permitido a los soldados esquivar la justicia en estos casos”, denunció HRW.
El organismo también alertó de que el presidente de México tendría amplias facultades para desplegar militares en tareas de seguridad pública, lo que contraviene jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El despliegue de militares para tareas de seguridad pública durante los últimos 16 años no ha logrado reducir la violencia en México y ha dado lugar a graves abusos de derechos humanos. Los senadores aún están a tiempo para frenar la militarización. Deberían rechazar esta propuesta”, insistió Taraciuk.
AMLO defiende propuesta
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes que cambió de opinión sobre el rol de los militares en labores de seguridad pública cuando llegó al poder en diciembre de 2018 y “tenía que enfrentar el problema de la inseguridad y vi la gravedad de que no se tenía con quién”.
Como líder opositor López Obrador había criticado el despliegue de las fuerzas armadas en labores policiales que habían realizado los gobiernos anteriores del Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
AMLO explicó este martes durante su conferencia de prensa matutina que ya había considerado apoyarse en los militares antes de llegar a la presidencia pero que finalmente se decidió en ese sentido porque no había elementos operativos suficientes para combatir la inseguridad en la Policía Federal, un cuerpo que desintegró porque lo consideraba corrupto, y porque el Ejército y la Marina tenían más disciplina y eran, según él, incorruptibles.
Además, agregó, el gobierno no permitiría que se violaran los derechos humanos, la principal crítica de los contrarios a tener al Ejército en las calles.
En los casi cuatro años que lleva en el gobierno, López Obrador ha dado cada vez más poder y más funciones a las fuerzas armadas y ahora está a punto de ver cómo la Guardia Nacional pasa a depender de la Secretaría de la Defensa aunque la Constitución establece que su mando debe ser civil.
La Cámara de Diputados ya votó en este sentido y todo apunta a que el Senado haga lo mismo.
La Constitución establece que la Guardia Nacional debe ser un cuerpo de carácter civil, aunque casi el 80% de sus efectivos actuales son militares. López Obrador intentó promover una reforma constitucional para que pasara a manos de la Secretaría de la Defensa, pero al no contar con los votos suficientes optó por proponer cambios en leyes menores, para las que Morena y sus aliados tienen mayoría.
Diversos grupos de la sociedad civil llevan años denunciando la creciente militarización de las tareas de seguridad, algo contra lo que también se ha pronunciado la ONU.
El actual gobierno no sólo pretende que la Guardia Nacional quede formalmente en manos del Ejército sino que aspira a prolongar la permanencia del ejército en labores de seguridad pública. El PRI se ha mostrado a favor.
Además, este martes, López Obrador también planteó realizar una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y evaluar a la Guardia Nacional cuando pase a control militar.
(Con información de AFP, AP, EFE, HRW)