Redacción / Ciudad de México
En el marco del Ciclo de Conferencias organizado por la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y la Revista Voz y Voto, se llevó a cabo la mesa de diálogo “Igualdad y no discriminación: Más allá de las normas, un tema de derechos humanos”, en donde autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas analizaron la situación que viven comunidades y pueblos indígenas para ejercer sus derechos político-electorales.
Durante los trabajos, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña, dijo que para potenciar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas lo que se debe hacer es acudir hasta las regiones nativas para entender la manera en que estas quieren ser representadas y a partir de eso actuar.
Resaltó que, si bien las acciones afirmativas dictadas por el Tribunal Electoral elevan la participación de pueblos y comunidades indígenas al garantizar sus derechos político-electorales, se requiere una reforma que cambie el panorama de la representación política de este sector de la población.
Una reforma electoral que considere que deben contar con alguna fórmula que eficazmente lleve representantes electos por sistemas normativos internos a la Cámara de Diputados. Recordó que la Sala Superior del TEPJF ha hecho mucho por tratar de potenciar esos sistemas normativos, pero no es posible inventar un método que no se encuentra estrictamente en la Constitución, toda vez que se trata de un tema que le toca al constituyente.
En la mesa, moderada por la directora de la Revista Voz y Voto, Gloria Alcocer Olmos, la magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa, Eva Barrientos Zepeda, mencionó que la representación indígena en los cargos populares todavía es insuficiente, y resaltó que es necesario que las autoridades electorales federal y locales busquen más mecanismos para lograr que tengan más presencia en los puestos de elección popular y no se reduzca a pisos mínimos de grupos étnicos.
La magistrada también consideró que la labor jurisdiccional no se debe resolver solamente con lo que hay en los expedientes, sino que es necesario conocer sus usos y costumbres para saber cómo pueden garantizar sus derechos sin caer en incumplimientos judiciales por interferir en sus sistemas normativos.
Por su parte, la consejera del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Sofía Marisol Martínez Gorbea, consideró que las acciones afirmativas solo serán efectivas y podrán potenciar la participación política de las personas indígenas y afromexicanas si se aplican consultas públicas, porque son los mecanismos con los que estas comunidades se pueden expresar en su propia lengua y tomar decisiones, a fin de mantener el principio de la mínima intervención en sus sistemas normativos.
También, Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, y la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Celia Sofía Ruíz Olvera, consideraron, en sus respectivas participaciones, que las acciones afirmativas deben traducirse en políticas públicas que atienden a las minorías para que realmente logren la representación de las comunidades y pueblos indígenas, y no sean burladas por los partidos políticos, incurriendo en simulaciones.
Finalmente, la magistrada Ruíz Olvera hizo un llamado a dejar las simulaciones de lado y respetar los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas, así como la democracia inclusiva.
