Redacción / Guanajuato
Con la finalidad de analizar iniciativas de reforma a la legislación estatal, la Comisión de Salud Pública llevó a cabo dos mesas de trabajo, donde destacaron que las propuestas están centradas en garantizar la atención médica a víctimas vinculadas con la desaparición o no localización de personas, así como en brindar atención integral a quienes padecen algún trastorno de salud mental.
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En esta ocasión, se contó con la participación de los y las diputadas Miriam Reyes Carmona, David Martínez Mendizábal, María Eugenia García Oliveros y Antonio Chaurand Sorzano.
De igual manera acudieron representantes de la Consejería General Jurídica del Estado y de la Secretaría de Salud del Estado, además de integrantes de los colectivos de búsqueda: A tu encuentro, Unidos por los Desaparecidos de León, Colectivos Unidos por los Desaparecidos León y Colectivos Salamanca Unidos.
Como primero punto de la iniciativa, se propuso reformar la Ley de Salud estatal, a fin de garantizar una atención médica prioritaria, inmediata, continua e integral para las víctimas directas, indirectas y potenciales de este delito o problemática.
Aquí, el diputado David Martínez Mendizábal señaló que la propuesta para asegurar la atención médica de las personas buscadoras surgió de las necesidades expresadas por los propios colectivos durante las mesas de trabajo. Explicó que la iniciativa fue elaborada a partir de sus planteamientos y devuelta a los grupos de búsqueda para que revisen su contenido y determinen qué aspectos deben modificarse, agregarse o eliminarse.
«Las afectaciones a la salud derivadas de las labores de búsqueda requieren de una atención diferenciada, dadas las condiciones y enfermedades específicas que enfrentan durante su labor», comentó David Martínez.
Por su parte, integrantes de los colectivos de personas desaparecidas solicitaron que se garantice una atención médica prioritaria, efectiva y digna, sin que la falta de un registro oficial o carnet sea un obstáculo para acceder a los servicios de salud. Propusieron facilitar el acceso a consultas de especialidad, atención psicológica y dental, dotación de lentes, estudios médicos anuales y servicios de traslado en ambulancia, además de brindar acompañamiento físico y psicológico especializado antes, durante y después de las jornadas de búsqueda.
Por su parte, el diputado Antonio Chaurand Sorzano reiteró el compromiso de continuar impulsando mesas de trabajo para atender las demandas de los colectivos.
«Reconozco la complejidad de la problemática que enfrentan; sin embargo, aseguró que existe la plena disposición de comprender sus vivencias y construir alternativas desde su realidad, manifestando su total respaldo a las y los buscadores», destacó Antonio Chaurand.
Otro punto relevante en la segunda mesa de trabajo tuvo como propósito analizar la propuesta de reforma a la misma norma jurídica relativa a la prestación de una atención integral, inclusiva y accesible para toda persona con algún trastorno mental, considerando su edad, así como su contexto socioeconómico y psicosocial.
Representantes de la Secretaría de Salud precisaron que la atención en esta materia contempla el seguimiento individualizado según los síntomas, el diagnóstico y el contexto particular de cada paciente. Explicaron que el sistema estatal ya contempla acciones de prevención y acompañamiento dirigidas a niñas, niños y adolescentes, incluso antes de que se diagnostique un trastorno.
Aquí, la diputada María Eugenia García Oliveros expuso la propuesta para fortalecer la atención integral de la salud mental con servicios oportunos y adaptados a cada etapa del desarrollo humano.
«El objetivo es avanzar hacia un modelo más humano, preventivo y accesible, que facilite la detección temprana de padecimientos y el acceso a tratamiento especializado. La iniciativa no resulta viable debido a que propone incorporar modelos diferenciados de atención cuyas disposiciones deben alinearse con la Ley General de Salud. Expresaron que, al ser la salud mental una materia de salubridad general, las entidades federativas deben ejercer sus facultades conforme a la distribución de competencias fijada por la legislación federal, evitando la duplicidad de normas, contradicciones o la invasión de atribuciones reservadas a la Federación», afirmó María Eugenia García.
