Redacción / Ciudad de México
Con 47 votos a favor y 37 en contra, legisladores de las Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la iniciativa de Reforma Eléctrica, por lo que fue enviada al pleno para que este martes sea votada por los 500 legisladores.
El documento quedó avalado sólo con los votos de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), y los diputados del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD se manifestaron en contra, al demandar que se retire toda la iniciativa del Ejecutivo “por nociva”.
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador contiene modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en materia de energía. Se trata de un proyecto que ha generado polémica en el país porque, esencialmente, le daría prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por encima de las compañías privadas.
La diputada Andrea Chávez, de Morena, declaró al inicio de la sesión legislativa en Comisiones que el dictamen “busca regresar al Estado mexicano la soberanía y la seguridad energética”.
Por otra parte, el proyecto del Ejecutivo generó rechazo por parte de las bancadas de Acción Nacional (PAN), del Partido Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que adelantaron que votarían en contra en el pleno.
El diputado del PAN, Rodrigo Sánchez, anunció que su bancada no apoyaría la reforma porque “destruye los órganos reguladores de energía, hace un revés a los avances en energías limpias, y representa una violación a diversos tratados internacionales firmados por México”.
El rechazo de la oposición a la desaparición de los “órganos reguladores” hace referencia a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía.
Apartados
El dictamen, que el Ejecutivo envió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en septiembre de 2021, incluye un nuevo apartado en el artículo 25, en el cual se detalla que el Estado mexicano “preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas de la Nación, y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población”.
Actualmente, el artículo 27 establece que corresponde exclusivamente a la nación “la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”. En el dictamen de López Obrador se incluyeron modificaciones a este apartado, para estipular que la nación tiene el deber de encargarse del “área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica”.
Asimismo, la propuesta del Ejecutivo refiere que el Estado tiene a su cargo la “transición energética”, y para ello, deberá utilizar “de manera sustentable, todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir la emisión de gases y componentes de efecto invernadero”.
¿Y CFE?
Uno de los aspectos más polémicos de la reforma se encuentra en el artículo 28, ya que se incluyó en el texto que la Comisión Federal de Electricidad generará, al menos, el 54% de la energía eléctrica que requiera el país, mientras que el sector privado participará hasta en el 46% de la generación que necesite la nación. Más adelante, se afirma que el cambio propuesto garantizaría “los costos más bajos” para el servicio público y también “en términos de los costos totales de producción”.
“El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado”, se lee en la iniciativa.
En los artículos transitorios, el proyecto del Ejecutivo refiere que “los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución”.
Asimismo, la iniciativa de López Obrador considera al litio como un “mineral estratégico”, lo que permitiría que todas las reservas sean consideradas propiedad de la nación.
La propuesta del Ejecutivo también fue criticada por el gobierno de Joe Biden. Recientemente, el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, expresó su preocupación porque la Ley de la Industria Eléctrica “probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión”.
La declaración de Salazar fue rechazada por López Obrador. “No hay ninguna violación a ningún tratado, y nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión, aun en exceso preferimos eso, que todos puedan manifestarse”, afirmó AMLO el pasado viernes.
Tras la aprobación en Comisiones, la iniciativa pasará a discusión al pleno de la cámara alta. Para que el proyecto del Ejecutivo sea avalado requiere de las dos terceras partes de los votos, es decir, de 334 escaños.
Morena tiene 202 diputados. Por ello, necesita los 33 votos de su aliado, el Partido del Trabajo (PT), y del Verde Ecologista de México (PVEM), que representa 42 escaños. Con esta unión, el oficialismo conseguiría 277 votos, por lo que necesitaría 57 más de las bancadas de oposición.
(Con información de Cámara de Diputados, RT)