Redacción
Con la finalidad de incorporar a la Constitución Política para el Estado el principio de preservación de la unidad familiar de las personas en contexto de movilidad humana, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, aprobó el dictamen de la iniciativa impulsada por el PAN y PRD.
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Durante su participación, la diputada Yesenia Rojas Cervantes calificó la aprobación del dictamen como un hecho histórico para Guanajuato, al reconocer constitucionalmente un derecho fundamental para miles de familias migrantes.
«Aunque la modificación puede parecer sencilla, representa un avance significativo en materia de derechos humanos y responde a una realidad que viven diariamente las comunidades migrantes del estado. Guanajuato cuenta con una profunda tradición migrante y se mantiene entre las entidades que más remesas reciben en el país, recursos que contribuyen al bienestar de las familias, la educación de las hijas e hijos, la vivienda y el desarrollo de las comunidades», comentó Yesenia Rojas.
Asimismo, recordó que esta reforma sienta las bases para el desarrollo de políticas públicas y acciones institucionales orientadas a fortalecer los vínculos familiares de las personas migrantes, así como para impulsar una agenda transversal que involucre temas de educación, salud, desarrollo social y económico.
CUIDAN DE LOS DERECHOS DE PENSIONADOS
Otro punto relevante que se abordó en esta mesa de trabajo, fue la aprobación de los dictámenes de una iniciativa de reforma y una propuesta de exhorto que buscan defender los derechos de personas pensionadas y jubiladas.
La iniciativa de reforma a la Constitución Política federal plantea incorporar el concepto de Remuneración Anual Máxima, con el objetivo de establecer criterios claros y objetivos para determinar los límites aplicables a las remuneraciones y evitar interpretaciones que puedan afectar derechos previamente reconocidos a personas jubiladas y pensionadas.
Para finalizar, se destacó que mientras que la propuesta de punto de acuerdo pretende exhortar a la presidenta de la República y al Congreso de la Unión a corregir las disposiciones retroactivas que vulneran el principio de seguridad jurídica de las y los jubilados.