Redacción / Ciudad de México
Un juez vinculó a proceso este miércoles al extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración de la justicia, desaparición forzada y tortura por el caso Ayotzinapa.
Durante la audiencia realizada en el Reclusorio Norte, la defensa de Murillo Karam intentó convencer al juez de que no existe “una sola prueba que compruebe” que su cliente tenía conocimiento de la tortura a la que fueron sometidos presuntos criminales que fueron detenidos por la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En el marco de la audiencia de vinculación a proceso, Murillo Karam tomó la palabra para negar que la investigación que encabezó, nombrada por el exfuncionario como la “verdad histórica” del caso, no ha podido ser desmentida en los hechos principales.
“Puedo aceptar algunos errores, pudo haber fallas; puedo aceptar cosas que se hicieron mal, y que se pudieron hacer mejor, pero no la han podido tirar”, dijo Murillo Karam.
Según la “versión histórica” que defendió Murillo Karam, y que ya fue desmentida por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, policías municipales habrían secuestrado y entregado a los normalistas al Cártel Guerreros Unidos, que los terminó matando, quemando en el basurero de Cocula, y arrojando sus cenizas al río San Juan.
“Desde hace seis o siete años han buscado una alternativa, han inventado muchas y todas se caen”, afirmó el exprocurador, vestido de chamarra y pantalón beige, tras criticar las actuaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense. Recordó que fue ese grupo el que escogió el lugar y los restos óseos a analizar.
La defensa de Murillo Karam se concentró en debilitar las pruebas de la Fiscalía alegando que no tiene “indicios razonables” para abrir el proceso. En su intervención la defensa solicitó al juez que se excluyan del proceso las conferencias de prensa que ofreció Murillo Karam en las que habló sobre la desaparición de los 43 estudiantes, con el argumento de que van contra el derecho a la no autoincriminación del acusado y porque el Ministerio Público “descontextualizó” las declaraciones.
En relación con la controvertida “verdad histórica” que creó Murillo Karam, su defensa afirmó que fue un “concepto jurídico” y no una “confabulación” del exfuncionario.
Al refutar los tres cargos por los que fue detenido el exprocurador, la defensa alegó que el delito de tortura había prescrito y que el cargo por desaparición forzada estaba basado en la ley que entró en vigor después de los hechos. Asimismo, aseguró que no había indicios suficientes sobre manipulación de las pruebas.
Por su parte, uno de los fiscales insistió en utilizar las conferencias como elemento de prueba y dijo que Murillo Karam habló a la prensa sobre testimonios de detenidos que se dieron a conocer después, lo que aseguró que demostraría que sí conocía de las torturas que se emplearon para obtener esas declaraciones. También cuestionó a la defensa del exprocurador señalándola de utilizar documentos de la extinta Procuraduría General que sostuvo que fueron adaptados a la llamada “verdad histórica”.
El fiscal afirmó que el cargo de tortura no prescribe, según los estándares internacionales, y que la desaparición aún continúa, por lo que la ley actual es aplicable.
Lo que viene
Con la vinculación a proceso se inicia la fase de investigación complementaria, en la que el Ministerio Público deberá recabar los medios de prueba para sustentar la acusación.
Al término de esta etapa, los fiscales solicitarán la suspensión del procedimiento o formularán de manera formal la acusación.
El arresto
Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto por el departamento que él mismo dirigió de 2012 a 2015 y está acusado por la Fiscalía Federal de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia al crear una versión falsa sobre la desaparición de los jóvenes.
En una primera audiencia un día después de su captura en la Ciudad de México sus abogados intentaron que siguiera el proceso en arresto domiciliario con el argumento de la mala salud del exfuncionario, de 74 años. Pero el juez se negó alegando que existía riesgo de fuga y desde entonces se encuentra recluido en una cárcel del norte de la capital.
En un informe presentado la semana pasada la Comisión de la Verdad fue más allá al calificar lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 -durante el gobierno de Enrique Peña Nieto- como un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel” y que se ocultaron los vínculos de las autoridades con los criminales y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
(Con información de AP, RT)