Redacción / Ciudad de México
México inició el proceso penal contra ocho militares involucrados en la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que fueron detenidos la semana pasada y capturó a otro ex alto cargo vinculado con el caso, informó el lunes Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad sobre la investigación.
“El Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales ubicado en Toluca, decretó un auto de formal prisión en contra de los ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa”, escribió en su cuenta de Twitter.
De acuerdo con el periódico La Jornada, se trata de Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Los acusados fueron detenidos la semana pasada luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuviera nuevas órdenes de aprehensión contra 16 militares por el caso que habían sido emitidas en septiembre de 2022, pero que posteriormente fueron anuladas.
Aunque no ofreció más detalles, los elementos del Ejército previsiblemente seguirán recluidos en una cárcel militar.
El detenido es Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad Antisecuestros de México durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando tuvieron lugar los hechos.
Ramírez está acusado de “desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos” y fue uno de los integrantes de la investigación federal que luego se demostró que estuvo plagada de irregularidades.
El procesamiento de los militares, que se suman a otros cuatro enjuiciados, es importante porque sus ordenes de captura estaban entre las 16 que la Fiscalía federal emitió en septiembre del año pasado y que luego retiró sin dar ninguna explicación.
Ese movimiento provocó la renuncia del fiscal que llevaba el caso y fuertes condenas tanto de los expertos internacionales que acompañan las pesquisas como del Centro Prodh -los abogados de las víctimas-, que consideró que era una decisión arbitraria debida a “una intromisión ilegal” en las investigaciones. Las otras ocho órdenes de captura contra miembros del Ejército siguen sin ejecutarse.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con la participación de otras corporaciones de seguridad locales, estatales, federales y de miembros del crimen organizado.
Todavía se desconoce el destino final de los jóvenes y, aunque se han recuperado pequeños restos óseos calcinados de tres de los alumnos, la versión oficial del anterior gobierno de que los 43 fueron quemados en un basurero ya está descartada por las autoridades.
Según la actual Fiscalía, miembros de las Fuerzas Armadas participaron directamente en los hechos y presuntamente también en actividades posteriores de ocultación de datos y obstrucción a la justicia, por la que varios funcionarios están encarcelados. El de mayor rango es el entonces procurador general Jesús Murillo Karam, procesado por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.
Guadalberto Ramírez llegó a la unidad antisecuestros con el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y estuvo en ese puesto hasta 2019, ya con la actual administración. Cuando atacaron a los estudiantes participó de manera directa en la integración de todos los expedientes de la investigación que lideraba Tomás Zerón, mano derecha de Murillo Karam y actualmente prófugo en Israel acusado de los mismos cargos.
Ramírez es uno de los funcionarios que presuntamente participaron en actos de tortura a detenidos clave. Muchas de esas prácticas fueron grabadas en video, según denunciaron los expertos internacionales de la Organización de Estados Americanos en uno de sus informes.
Las numerosas irregularidades registradas en esos momentos, que además de torturas incluyeron manipulación de pruebas y obstrucción a la justicia, hicieron que muchas acusaciones de las decenas de encarcelados se cayeran por violaciones al debido proceso. Algunos de los implicados quedaron libres. Otros siguen en la cárcel por otros cargos.
Aunque la actual administración ha avanzado al declarar el ataque como un “crimen de Estado” y con detenciones clave, como la del exprocurador general o las de los militares, la investigación ha tenido muchos vaivenes y los expertos independientes que la acompañan siguen denunciando serios bloqueos a sus pesquisas, sobre todo, por parte del Ejército.
Se presume que todos los jóvenes fueron asesinados porque en más de ocho años no se ha encontrado ningún indicio de vida, pero los familiares siguen exigiendo cada día 26 que las búsquedas continúen y que se llegue a la verdad y la justicia. El lunes lo hicieron de nuevo en Ciudad de México.
El móvil del ataque sigue sin estar claro, pero se ha afianzado la idea de que estaría vinculado con el tráfico de heroína que realizaba un grupo criminal en colusión con autoridades locales y presuntamente también con militares, según información que autoridades estadounidenses aportaron al caso.
(Con información de AP, La Jornada)