Redacción / Ciudad de México
Exhibe México Evalúa un profundo desconocimiento sobre el mercado del carbón, los procedimientos administrativos de la Comisión Federal de Electricidad y su normativa en su estudio “Riesgos potenciales en materia anticorrupción de la CFE: El caso de la compra de carbón en Sabinas, Coahuila”, publicado el pasado 16 de noviembre, señaló en un comunicado Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa de CFE.
En el comunicado emitido este miércoles, señala que México Evalúa se está estrenando en el seguimiento a adquisiciones de carbón: no lo hizo en administraciones pasadas, cuando la compra se realizaba a proveedores hegemónicos e intermediarios, promoviendo el coyotaje.
No cuestionaba que los recursos públicos se destinaran para el beneficio de unos cuantos, pero hace llover calificativos infundados sobre un proceso de compra de carbón que ha buscado beneficiar a quien menos tiene. México ‘Evalúa’ con dolo y con mentiras, como huérfana que es del régimen neoliberal que le fundó para legitimarse.
El texto de México Evalúa se publicó y diseminó con fines propagandísticos y fue redactado con base en imprecisiones y falsedades. Carece de rigor académico, conceptual y metodológico.
En resumen, reza el comunicado:
Las compras de carbón no son “atípicas” para una carboeléctrica.
Las adquisiciones siguen al pie de la letra el marco legal.
La CFE combate a la corrupción, con resultados. Los ahorros generados en materia de adquisiciones desde el inicio de este gobierno ascienden a 24 mil 983 millones de pesos.
No hubo conflictos de interés en las compras de carbón.
Los productores fueron seleccionados bajo criterios de justicia social, en un procedimiento interinstitucional cuidadosamente vigilado por la CFE para evitar conflictos de interés y corrupción.
Como respuesta a la campaña de mentiras de México Evalúa, la CFE hace del conocimiento público los detalles referentes a sus adquisiciones de carbón en Coahuila, continúa el comunicado.
México Evalúa no tiene ningún elemento para acusar “una falta de adecuada supervisión del programa anticorrupción”. Miente, con dolo, asegura el documento de CFE.
Detalles de las compras
Las carboeléctricas compran carbón, no es algo “atípico”, continúa el comunicado y señala que el texto afirma que la compra de carbón “fue realizada bajo una orden del Ejecutivo” y “no se aplicó una adecuada gestión de riesgos para evaluar la idoneidad de una compra atípica”… CFE cuenta con dos carboeléctricas en Coahuila, la primera inaugurada desde 1982… desde esos años adquiere carbón. La adquisición de este insumo dista de ser algo “atípico”.
La instrucción presidencial correspondió a un cambio en los criterios y principios de contratación; el compromiso del presidente y la CFE fue mitigar condiciones desleales de compra que sostenían un sistema de “coyotaje”. Se ha fomentado que micros, pequeños y medianos productores puedan hacerse de un contrato.
El comunicado también informa que las adquisiciones siguen al pie de la letra el marco legal. El titular del Ejecutivo y el Consejo de Administración actúan con estricto apego al marco legal de CFE. Sus procesos de compras garantizan rentabilidad y ya están consiguiendo ahorros. Lo que publica México Evalúa son mentiras.
Asevera que “ni el titular del Ejecutivo, ni el Consejo de Administración de CFE, actuaron apegados a los más altos estándares de ética e integridad, según el marco legal, o conforme a las mejores prácticas” al realizar las “compras atípicas” de carbón (para centrales carboeléctricas…)
La adquisición de carbón se realizó con fundamento en lo establecido en el artículo 80 fracción IX de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y lo indicado en las Disposiciones 5 fracción IX, 22 fracción IV inciso a, 25, 36 y 38 de las Disposiciones Generales. En ellas se explica que toda excepción al concurso abierto debe encontrarse acreditada y contar con todo el soporte documental; es falso que “no se requiera un dictamen que compruebe la necesidad de exceptuar las compras de un proceso con competencia”.
Sobre la supuesta nula participación del Consejo de Administración y el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, en los artículos 12 y 78 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad se establecen las funciones estratégicas que deberá realizar su máximo órgano y comités auxiliares, entre las que se encuentran aprobar la normativa en materia de contrataciones, las Disposiciones Generales. Y en la Disposición 5 fracción IV inciso “a” tercer párrafo, expresamente se excluye la participación del máximo órgano en la adquisición de combustibles y servicios de consumo reiterado.
Combate corrupción con resultados
Los ahorros generados en materia de adquisiciones desde el inicio de este gobierno ascienden a 24 mil 983 millones de pesos. 95.4% de las contrataciones de la CFE son a través de concursos abiertos, detalla el comunicado.
La CFE presenta para conocimiento de los miembros de su Consejo de Administración (a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios) los reportes de resultados de sus contrataciones. Ellos cuentan con los elementos suficientes para comprobar que las contrataciones de esta administración garantizan las mejores condiciones para la CFE.
Es totalmente falso que el Programa Anticorrupción de CFE sea “una serie de principios inoperantes”. Se reformaron las Disposiciones Generales y Lineamientos Operativos para tener mayor control y transparencia en los procedimientos, consolidando contrataciones y logrando economías. Se separaron las áreas técnicas y administrativas para mejorar los procedimientos de contratación, señala.
Se creó una Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, para implementar metodologías rigurosas que definen las mejores estrategias en los procedimientos de contratación. También una Subdirección de Contratación y Servicios, la cual concentra las funciones en materia de adquisiciones y es responsable de la conducción de procedimientos de contratación.
Y agrega que la actual administración solo realiza el 4.6% por adjudicaciones directas e invitaciones restringidas, todas las cuales se encuentran debidamente acreditadas conforme al marco legal de la CFE.
No hay conflictos de interés
La organización reconoce que ninguna entre varias empresas señaladas por supuestos nexos políticos fue adjudicada; “estas empresas no obtuvieron adjudicaciones directas según el listado entregado a México Evalúa por CFE”, dice claramente en la página 12, señala CFE en su comunicado.
Pasando de largo que no hay empresas con posible conflicto de interés en la lista, el texto añade que “es pertinente una revisión de probable conflicto de interés”.
Durante todo el procedimiento previo a la elección de potenciales proveedores y durante la ejecución del procedimiento de contratación, la CFE puso especial atención en que los proveedores adjudicados estuvieran al corriente de sus obligaciones ante instancias gubernamentales, no tuvieran ningún conflicto de interés ni se encontrarán impedidos legalmente para suscribir los contratos. México Evalúa no los encontró porque la CFE ha puesto especial atención en la revisión de probable conflicto de interés.
Selección, con criterios
En primer lugar, en conjunto con la Secretaría de Economía a través de su entonces Subsecretaría de Minería y el Servicio Geológico Mexicano, se realizaron trabajos para identificar quiénes eran y dónde se encontraban los productores, localizando en su censo a un universo de 120 potenciales proveedores.
Después, se elaboró y remitió un cuestionario a posibles proveedores para conocer información sobre la concesión minera a explotar, calidad de carbón, capacidad máxima de producción mensual y el estatus de sus obligaciones ante el SAT, IMSS, Infonavit, Profepa, STPS, entre otros. Sólo 116 productores dieron respuesta.
Luego, la Subsecretaría de Minería realizó una inspección-verificación en sitio. 52 productores se declararon aptos y 64 con observaciones – entre ellos, solo 23 contaron con condiciones para ser aptos. La CFE, en consecuencia, tomó en cuenta solo a 75 posibles proveedores, de 120 potenciales.
Para adquirir el carbón desde una perspectiva de justicia y con base en la capacidad máxima de producción mensual, se clasificó a 39 como micro y pequeños productores, distribuyéndoles el 73.07% del total de la compra. A 19 productores medianos se les distribuyó el 16% del total, en partes iguales. A 18 productores grandes se distribuyó el 10.93% del total, en partes iguales.
Y fue para implementar esta metodología de repartición progresiva en beneficio directo de los productores, especialmente los micro y pequeños, que se contempló el mecanismo de adjudicación directa. Un concurso abierto provocaría que solo los grandes comercializadores y productores pudieran adjudicar un contrato, sin llegar esta política a los productores que más lo necesitan.
El precio base por tonelada se calculó a fin de que los proveedores pudieran cubrir sus costos, obtener ganancias justas, y garantizar a sus trabajadores el salario mínimo constitucional y acceso a seguridad social. El costo por tonelada resultó en $1,034.31 pesos, el cual es menor al último contrato celebrado con intermediarios, como la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi).
Como resultado de la implementación de la estrategia planteada, se adjudicaron 60 contratos bajo el principio de repartición progresiva, representando 1.53 millones de toneladas de carbón y una inversión de más de 1,586 millones de pesos.
Todas las empresas adjudicadas fueron examinadas conforme a tales criterios para evitar caer en posibles actos de corrupción. Al momento de la adjudicación no se identificó alguna empresa cuyos accionistas o representantes legales fueran funcionarios públicos, lo cual sería motivo suficiente para impedir la firma del contrato, de acuerdo a las Disposiciones Generales y procedimientos de contratación de la CFE, finaliza el comunicado de la CFE.