Redacción / Guanajuato, Gto.
La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández presentó un punto de acuerdo para ordenar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a que realice una auditoría específica respecto de todas las operaciones realizadas por el Instituto de la Juventud Guanajuatense (Injug), correspondientes al periodo comprendido entre los años 2015 a 2020.
La legisladora de Morena se refirió a los cambios mediante los cuales fue decretada la extinción del Instituto Estatal de la Juventud de Guanajuato y se creó el Instituto de la Juventud Guanajuatense, que tuvo entre sus objetivos el coadyuvar a la reconstrucción del tejido social, a fin de garantizar la seguridad, la justicia y la paz social del Estado, mediante el empoderamiento de la sociedad y la creación de oportunidades para que los grupos vulnerables tengan una juventud sana, y cuyo director fue Jorge Romero Vázquez de 2015 hasta el 2020.
Asimismo, señaló que, durante ese tiempo, su titular tuvo bajo su responsabilidad el manejo de cuantiosas sumas de recursos públicos destinados a la creación y seguimiento de políticas públicas destinadas a lograr el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las y los jóvenes guanajuatenses.
Después de detallar el recurso que recibió dicha institución y algunos de los proyectos realizados, la congresista enfatizó que siendo de tal magnitud el ámbito de acción del Instituto que dirigía Romero Vázquez y la cantidad de recursos públicos de carácter estatal y federal que tenía a su cargo, resultaba necesario que la Auditoría Superior del Estado realizara una revisión a las operaciones realizadas por el Instituto de la Juventud Guanajuatense durante su gestión.
Lo anterior, apuntó, en virtud de que durante las últimas semanas el entonces director del instituto y ahora diputado federal electo había sido acusado de cometer cuando menos dos delitos de violación; acusaciones que, sin lugar a duda, dijo, ponían en entredicho su honorabilidad, objetividad y probidad para desempeñar cualquier cargo público, máxime uno que le permitía amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de programas, acciones y recursos.
Alcaraz Hernández, también precisó que además de las denuncias formalmente interpuestas ante la Fiscalía General del Estado, había otras víctimas que manifestaron haber sido coaccionadas a realizar actividades en contra de su voluntad a cambio de obtener becas o programas del Instituto de la Juventud Guanajuatense.
“Sin lugar a duda, todas esas acusaciones ponen en tela de juicio el manejo que se dio a Guanajuve durante el tiempo que duró la titularidad de Jorge Romero y permiten suponer la existencia de tráfico de influencias, el desvío de recursos públicos y el uso indebido de atribuciones y facultades por parte del funcionario”, enfatizó la diputada.
De igual manera, argumentó que, si bien era cierto que el multicitado instituto ya no existía, con la aprobación de la Ley de las Juventudes del Estado de Guanajuato, se creó el organismo denominado Instituto de Atención y Desarrollo de las Juventudes de Guanajuato que absorbió las funciones, programas y proyectos de Educafin y Guanajoven.
Finalmente, refirió que una auditoría como la que se pretendía llevar a cabo permitiría conocer cuál fue el manejo que durante todos esos años se les dio a los recursos públicos encomendados para el funcionamiento del instituto y, en su caso, si el exfuncionario responsable de ese manejo actuó de acuerdo con los valores que exige el servicio público.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
